Un proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura agrega nuevas funciones a la entidad justo en un año en el que varios sectores protestan por bajos precios.

El Gobierno nacional está abriendo la puerta a controlar los precios de los alimentos en el país, a intervenir mercados e incluso a distribuir comida directamente.

Estamos hablando de un proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura, según el cual se agregan nuevas funciones a la entidad que abren formalmente la posibilidad de que el Gobierno asuma un papel más intervencionista en materia de precios.

Entre las nuevas funciones estarían la de «garantizar a los productores un precio mínimo de compra, que será fijado por el Ministerio de Agricultura».

El decreto abre la posibilidad de que el Gobierno asuma de su bolsillo la diferencia entre los precios de mercado y los precios garantía «o intervención», bien sea comprando los productos o pagándole a los agricultores la diferencia «cuando se presenten graves distorsiones del mercado».

El Ministerio también podría importar y distribuir directamente alimentos básicos si considera que hay fallas en los mercados y exportar productos adquiridos de la cosecha nacional.

Vale recordar que el Gobierno ya está controlando los precios del arroz paddy verde (el arroz sin procesar) y quiere hacer lo mismo con los precios del arroz blanco (el que está listo para consumir) pero ahora está abriendo la puerta a hacer lo mismo en casi cualquier otro sector.

En las últimas semanas, los paperos han estado pidiéndole al Gobierno que fije un precio mínimo de compra para su cosecha en medio de la crisis que afronta el sector.

El Gobierno también podría ser socio de emprendimientos que busquen transformar productos agrícolas a través de la figura del capital semilla.

Sin embargo, el decreto tiene letra menuda. Explícitamente, dice que estas nuevas tareas «se atenderán con la disponibilidad presupuestal». Es decir, que dependen del momento de las finanzas públicas.

Hoy el momento de las finanzas públicas es complejo, con un presupuesto para 2026 que podría estar desfinanciado en 38 billones de pesos según el cálculo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y con una nueva reforma a tributaria sobre la mesa.