Después de tres años de gobierno del presidente, Gustavo Petro, la política de «Paz Total» no ha avanzado como se esperaba. El país ha vivido una situación de inseguridad muy grave, porque no ha habido un buen trabajo en equipo entre las estrategias de paz y las de seguridad. Esto ha causado confusión, ya que, por un lado, se habla de dialogar y buscar acuerdos, pero, por otro, el gobierno también ha aumentado las acciones militares. Además, los grupos armados en Colombia se han fortalecido y se han expandido por varias regiones, generando más conflictos.

El tercer año del gobierno de Petro ha evidenciado una situación de seguridad más crítica que la que existía en 2022. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el país se encuentra en una “tormenta perfecta”. Esta situación es el resultado de varios factores: un aumento constante de la confrontación armada, la expansión y división de los grupos ilegales, la falta de resultados en las negociaciones de paz y el debilitamiento de la capacidad del Estado para proteger a la población.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, se registraron los niveles más altos de ataques armados desde 2010. Los ataques contra la Fuerza Pública aumentaron un 111%, con 295 casos, y los ataques a la infraestructura y bienes civiles crecieron un 140%, con 185 casos en el mismo periodo. El 51% de estas acciones se concentraron en los departamentos de Cauca (31%) y Norte de Santander (20%). Los datos mostraron que los grupos armados no solo se reorganizaron, sino que también tienen una mayor capacidad para atacar al Estado.

Los grupos armados se fragmentan y disputan territorios

La «Paz Total» reconfiguró el mapa de los actores armados. Al principio, los espacios de diálogo agruparon a disidencias de las FARC, pero luego estas se dividieron. Actualmente, existen cuatro organizaciones disidentes de las FARC, que son la suma de diferentes estructuras e intereses, y también apareció una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) llamada Comuneros del Sur.

Estas divisiones generaron nuevas luchas por el control de territorios, rutas del narcotráfico y la minería de oro en departamentos como Meta, Caquetá y Guaviare.

Por su parte, el Clan del Golfo cambió su estrategia. En lugar de dejar el control a grupos locales, decidió asumir directamente el poder de los territorios y las economías ilícitas. Esta nueva estrategia aumentó de forma significativa la presión armada en zonas como el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.

Como resultado, regiones donde antes los grupos armados convivían en calma, ahora son campos de batalla. En total, en el tercer año de gobierno se registraron 14 zonas en disputa, el doble de las que había al inicio del mandato. El aumento de los enfrentamientos entre grupos armados fue del 38% con respecto al segundo año de gobierno.

La respuesta militar, concentrada y sin estrategia

Aunque los combates por iniciativa de la Fuerza Pública aumentaron un 111% durante el último año, este incremento no obedeció a una estrategia integral para frenar a los grupos, sino más bien a una respuesta tardía y reactiva a los focos de violencia más críticos y que tuvieron mayor visibilidad en los medios de comunicación. El 60% de los combates se concentraron en solo cuatro departamentos: Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Valle del Cauca.

Esta forma de operar, que se enfoca en «apagar incendios», dejó por fuera a otras regiones clave como Guaviare, el sur del Meta, Magdalena Medio o el sur de Bolívar. En estos lugares, los grupos armados continuaron fortaleciéndose y expandiendo su control sin mayor oposición.

Según la FIP, el panorama actual es una mezcla complicada: mientras la Fuerza Pública enfrenta más frentes de batalla, al mismo tiempo ha perdido capacidad para responder de manera efectiva. A pesar de que el presupuesto del sector Defensa creció un 5,5% entre 2022 y 2025, alcanzando los $60 billones de pesos, este aumento no mejoró la capacidad operativa, debido a los altos costos de personal, los gastos fijos y la dificultad para usar los recursos a tiempo.

Un informe de la Procuraduría General de la Nación de julio de 2025 señaló que el sector Defensa tiene un déficit presupuestal superior a un billón de pesos para el año en curso, lo que compromete funciones básicas y afecta de manera especial a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que solo podrá ejecutar el 62% de las horas de vuelo programadas.

Además, el número de efectivos de la Fuerza Pública ha disminuido de forma sostenida. El Ejército, por ejemplo, habría perdido más de 70.000 efectivos entre 2021 y 2025. La situación se agravó por los constantes cambios en los altos mandos, especialmente en la Policía, donde han salido casi 40 generales desde agosto de 2022, lo que debilitó la planeación y el control.

Impacto en las comunidades y la «Paz Electoral»

En el tercer año de gobierno, la situación humanitaria de las comunidades se deterioró de forma constante. A pesar de que el número de eventos de desplazamiento masivo disminuyó, el número de víctimas se duplicó, pasando de 35.293 a 70.284. Por su parte, el confinamiento de la población llegó a 109 eventos, la cifra más alta de los últimos cuatro gobiernos. El reclutamiento de menores subió un 27% y los ataques a misiones médicas aumentaron un 140%.

El homicidio de líderes sociales bajó un 11%. Sin embargo, el informe de la FIP no lo interpreta como una mejora, ya que los grupos armados cambiaron su estrategia. En lugar de matar, optaron por intimidar, amenazar y “cooptar” a los líderes locales para consolidar su control territorial. En muchas regiones, los líderes comunitarios viven en un ambiente de incertidumbre permanente sin saber con quién hablar o qué reglas seguir. Otros crímenes como la extorsión alcanzaron las cifras más altas de los últimos cuatro gobiernos, y el secuestro subió un 15%, superando los datos de antes de la desmovilización de las FARC en 2016.

El informe de la FIP concluyó que, con la campaña electoral en marcha, la política de paz sin un rumbo claro parece ajustarse a las necesidades políticas del gobierno, complicando aún más un panorama de seguridad deteriorado. Con un año restante en el mandato, el tiempo parece insuficiente para corregir el rumbo y lograr la «Paz Total» que se prometió.

BOGOTÁ, (Colprensa).-