La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, integrada por los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, interpuso una Acción de Cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.

El recurso busca obligar a la Superservicios y a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía a gestionar de inmediato recursos para el Fondo Empresarial que financien la operación de la compañía.

Según la demanda, los mecanismos de financiamiento podrían implementarse a través de garantías y créditos de la Nación, sin representar un gasto presupuestal adicional.

Deudas crecientes y riesgo sistémico

La Veeduría advirtió que la situación de iliquidez de Air-e Intervenida “erosiona la estabilidad del sistema eléctrico y pone en riesgo la continuidad del servicio”.

Los pasivos de la empresa ya alcanzan los $3,6 billones, de los cuales $1,9 billones corresponden a deudas anteriores a la intervención y $1,7 billones se generaron durante el primer año de administración estatal.

En particular, la deuda con las generadoras de energía pasó de $825.000 millones a más de $2,4 billones, casi el triple en un solo año.

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 Un año de intervención sin resultados

La instauración de la acción coincidió con el primer aniversario de la toma de posesión de la empresa.

Para los gremios, la gestión de la Superservicios ha sido deficiente:

Nunca se conoció un plan de intervención claro; El plan de inversiones está paralizado, afectando la calidad del servicio; Existe una amenaza latente de apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira; En 2026, Air-e deberá comprar el 70% de su energía en bolsa, lo que encarecerá las tarifas.

“En un solo año hemos tenido dos ministros de Minas y Energía, tres superintendentes de Servicios Públicos y cuatro agentes interventores.

Esa inestabilidad institucional ha profundizado la crisis de Air-e”, denunció la Veeduría.

Tutela y llamados al Gobierno

De manera paralela, los gremios radicaron una tutela ante el Consejo de Estado para reclamar el acceso a información negada por la Superservicios y exigir garantías al debido proceso y al derecho de petición.

“Estamos dispuestos a usar todas las herramientas legales para evitar un apagón en los departamentos del Caribe y asegurar un servicio estable y de calidad para los usuarios”, señalaron.

La Veeduría está conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la ANDI Atlántico-Magdalena.