El ambiente político en Chibolo, Magdalena, atraviesa un momento de alta tensión luego de que el alcalde del municipio se negara a reconocer los derechos salariales y prestacionales de los concejales, consagrados en la Ley 2461 del 18 de junio de 2025.

Esta norma, aprobada a nivel nacional, fortalece las corporaciones públicas municipales y establece mejoras como el pago de sesiones, seguridad social integral e incremento en honorarios, beneficios que ya se están aplicando en otras localidades del departamento.

Incumplimiento sin justificación

Mientras en municipios cercanos como Plato, Tenerife, Ariguaní, Granada, San Ángel, Pivijay y Sitionuevo las administraciones locales ya adoptaron la normativa y garantizan a sus concejales los derechos reconocidos, en Chibolo la situación es distinta. Los cabildantes aseguran que no existe motivo legal válido para la negativa, lo que deja en evidencia una postura arbitraria de la administración municipal.

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Posible retaliación política

Según versiones conocidas en el Concejo, la actitud del alcalde respondería a un acto de retaliación, luego de que no prosperara un polémico proyecto de acuerdo con el cual buscaba endeudar al municipio en 10.000 millones de pesos. Dicho proyecto no fue tramitado por los concejales debido a múltiples falencias: la ausencia de documentos soportes, la falta de claridad en la propuesta y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Finalmente, el mismo mandatario retiró la iniciativa.

Ahora, el hecho de que la administración se niegue a cumplir con la ley vigente es interpretado como un abuso de poder y una inmadurez política, pues no solo desconoce derechos adquiridos sino que además utiliza su posición para castigar al Concejo en lugar de garantizar la legalidad.

Preocupación enla comunidad

La controversia no solo afecta a los cabildantes, sino también a la ciudadanía, que observa con preocupación cómo las disputas políticas ponen en riesgo el normal funcionamiento del municipio.

Voceros locales advierten que la negativa del alcalde deteriora las relaciones institucionales y sienta un precedente peligroso en materia de gobernabilidad y respeto por el marco jurídico.

En este contexto, se espera que los organismos de control tomen cartas en el asunto y que se restablezca el cumplimiento de la Ley 2461 en Chibolo, tal como ocurre en otros municipios del Magdalena y del país.