El Dapre reconoció y respaldó el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales a la libertad de pensamiento.

Luego de la polémica tras la denuncia del concejal Daniel Briceño quien aseguró que detrás de la convocatoria de movilizaciones pro Palestina que terminaron en el hostigamientos, estaba Juan Camilo Villalobos, un contratista de la Presidencia de la República, el DAPRE (Departamento Administrativo) respondió y aclaró que el funcionario presta sus servicios como contratista en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

“De manera independiente, el ciudadano desarrolla actividades como activista y defensor de derechos humanos, e integra la delegación colombiana en tierra de la Flotilla Global Sumud, iniciativa de carácter humanitario que busca llevar ayuda al pueblo palestino”. Además, agregan:

“La entidad precisa que las actividades personales del contratista son ajenas a las funciones institucionales, y que su participación en iniciativas humanitarias no interfiere ni afecta el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El Dapre no tiene relación alguna con los hechos o actos difundidos en redes sociales, y rechaza cualquier forma de violencia o conducta contraria al orden público o al respeto por la vida”.

De igual manera, el Dapre reconoció y respaldó el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales a la libertad de pensamiento, “expresión y manifestación pacífica, incluido el derecho a la protesta, siempre que se ejerza dentro del marco de la ley y con respeto por los principios democráticos y la convivencia ciudadana”.

También se reiteró la disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes o de los órganos de control, relacionado con la ejecución del contrato de prestación de servicios de Juan Camilo Villalobos, “en el marco de la transparencia y la legalidad que rigen la función pública”.

“El DAPRE, reafirma su compromiso con la institucionalidad, la legalidad, la transparencia y, de manera especial, con la defensa y protección de los derechos humanos, principios que orientan el actuar de la administración pública y de sus colaboradores”.