La Fiscalía acusó formalmente de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos a dos ex funcionarias de la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín y a un contratista.

Se trata de Martha Alexandra Ruiz Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín; Lina María Gil Zapata, exdirectora del Programa Buen Comienzo; y Henry Paulisson Gómez Montoya.

Los tres estarían vinculados a posibles irregularidades en dos contratos para el suministro de alimentos destinados a poblaciones vulnerables, aseguró el ente investigador.

El primero hace referencia al proceso que le dio vida al Programa Buen Comienzo, suscrito en marzo de 2020 y destinado a la atención alimentaria a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes.

«Las ex funcionarias habrían permitido el cambio de la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa a una contratación por prestación de servicio. De esta manera, escogieron de manera directa a la corporación representada por Gómez Montoya para que cumpliera el objeto previsto» detalló la Fiscalía.

Durante el proceso de recolección de pruebas, el órgano judicial halló elementos que darían cuenta de sobrecostos en los kit de alimentos, puesto que se encontraron productos con valores por encima de los precios del mercado.

A lo anterior se sumó la contratación de personal «sin tener en cuenta las necesidades y los requerimientos técnicos para atender a los beneficiarios», así como el hallazgo de pagos de honorarios por servicios que no fueron prestados.

«Todas estas anomalías generaron una posible apropiación ilegal de recursos en favor del contratista por $1.423 millones», precisó la Fiscalía.

El segundo contrato está vinculado al suministro de alimentos destinado a la población estudiantil, luego que se decretara la urgencia manifiesta en marzo de 2020, que también quedó en manos de Gómez Montoya, pese a que el contratista no tenía idoneidad ni cumplía con los requisitos que se tuvieron en cuenta para otorgar el contrato.

Entre las irregularidades detectadas estaba la de disponer de una bodega para el almacenamiento de los alimentos, requerimiento que se cubrió con un inmueble dentro de la ciudad, sin un contrato de arrendamiento o comodato.

Al igual que en el otro contrato, en este también se evidenciaron sobrecostos en los precios de los paquetes alimentarios, además de duplicidad en pagos de la logística usada para las entregas y hasta la «apropiación ilícita de recursos por $956 millones».

BOGOTÁ, (Colprensa).-