El proceso judicial que podría marcar un punto final en la historia de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta avanza actualmente en el Tribunal Administrativo del Magdalena.

La acción de cumplimiento, presentada por el abogado Gerardo Martínez, pretende que se obligue a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a cumplir con los términos establecidos en la ley respecto a la intervención que inició hace casi cuatro años.

La Essmar fue intervenida el 22 de noviembre de 2021 por la Superintendencia debido a presuntos malos manejos administrativos y deficiencias en la prestación del servicio. De acuerdo con la normatividad vigente, tras la intervención se establece un primer plazo en el cual la entidad debe pronunciarse sobre los objetivos de la medida.

En febrero de 2022, la Superintendencia definió que el propósito de la intervención era determinar si la empresa era recuperable o debía entrar en liquidación. Sin embargo, tras revisar la contabilidad y los libros financieros, se concluyó que la Essmar no era viable económicamente. En ese sentido, la ley indica que, si en el plazo de un año prorrogable por dos meses no se logra su recuperación, y el Gobierno Nacional no aporta recursos extraordinarios para su salvamento, debe procederse a decretar su disolución.

Según explicó el abogado, el tiempo legal ya fue ampliamente superado. “Pasó el primer año, pasó el segundo y ya vamos por el cuarto año de esa intervención. Si no se cumplió el objetivo ni se aportaron los recursos, el siguiente paso que ordena la ley es la disolución de la empresa”, afirmó el abogado Gerardo Martínez

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Por tal motivo, se presentó la acción de cumplimiento, cuyo objetivo es que el tribunal ordene a la Superintendencia adoptar la decisión definitiva que permita al Distrito de Santa Marta crear o contratar un nuevo operador de servicios públicos, evitando que la ESSMAR permanezca indefinidamente bajo una figura transitoria.

El proceso judicial ha pasado por diversas instancias. En primera medida, el Tribunal Administrativo del Magdalena consideró inicialmente que el caso correspondía a una acción de tutela por presunta vulneración del derecho de petición. Sin embargo, tras varias impugnaciones y revisiones, el Consejo de Estado determinó que efectivamente se trataba de una acción de cumplimiento debidamente presentada, revocando la actuación anterior y ordenando su admisión formal.

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Actualmente, la acción se encuentra en la etapa final previa al fallo, que deberá emitirse en los próximos 10 días hábiles. “Esperamos que el tribunal se pronuncie y determine si procede ordenar la disolución de la ESSMAR. Si el fallo no nos favorece, interpondremos apelación para que sea el Consejo de Estado quien resuelva definitivamente”, indicó Martínez.

De esta decisión depende el futuro inmediato de la ESSMAR y la posibilidad de que Santa Marta avance hacia un nuevo modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios, tras más de tres años de intervención y múltiples cuestionamientos sobre su gestión administrativa.