La administración del alcalde Carlos Pinedo dijo que se trata del ´patrimonio de los samarios el que de manera irresponsable se dilapidaron. Lo que hay de construcción hay que demolerla´, advirtió.

El monumental ´elefante blanco´ en que quedó convertido la construcción del colegio de Taganga, es una clara muestra del despilfarro y abuso con los dineros de la ciudad. Así lo expresaron ayer los concejales Juan Carlos Palacio y José María Mozo, tras abordar el debate sobre la siniestralidad del citado proyecto donde la justicia tiene que hallar a los responsables y pagar por el enorme detrimento patrimonial que allí hay.

Una estructura destinada a demolerse, y los responsables obligados a responder, fue la principal conclusión del debate de control político en el Concejo de Santa Marta, sobre el estado del colegio del corregimiento de Taganga.

En el Concejo, estuvieron presentes el gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez; y la secretaría de Educación, Sandra Muñoz, quienes confirmaron la situación de una obra que fue contratada en 7 meses

Esta obra fue diseñada por el entonces  alcalde Carlos Caicedo e iniciada en 2018 durante la administración de Rafael Martínez, con una  inversión de $9.400 millones. Pero el proyecto terminó en ruinas, sin que los estudiantes del corregimiento pudieran estrenarlo.

El gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, explicó que tras una revisión exhaustiva se concluyó que no es posible intervenir el colegio sin antes realizar un estudio de patología estructural que determine si es viable su recuperación o si, por el contrario, se requiere su demolición total.

Esta evaluación técnica, aún en curso, apunta a que la estructura podría estar en riesgo de colapsar, lo que obligaría a tomar decisiones drásticas en defensa de la seguridad de la comunidad educativa.

Este escenario confirma que los más de $10 mil millones invertidos no solo no generaron el impacto esperado, sino que representan un evidente detrimento patrimonial para la ciudad. Uno de los puntos más sensibles es precisamente ese costo. La secretaria de Educación, Sandra Muñoz, informó que aún no existe una cifra definida, pues debe sustentarse en estudios técnicos y logísticos especializados. La demolición —que podría costar varios millones de pesos— requerirá una planificación rigurosa que garantice la seguridad de la comunidad y minimice el impacto ambiental.

En medio de este panorama, Gutiérrez recordó que el contrato cuenta con una póliza de estabilidad y calidad de la obra, emitida por Equidad Seguros, con un valor asegurado de $1.081 millones y vigencia hasta noviembre de 2026. Sin embargo, la póliza no fue actualizada al momento de la liquidación unilateral del contrato, lo que complica —aunque no impide— su cobro. La Alcaldía ya solicitó activar esta garantía, aunque su valor es insuficiente frente al costo estimado de una eventual demolición o reconstrucción total.

Esto significa que, incluso si el Distrito logra recuperar el monto asegurado, deberá asumir con recursos propios la mayor parte de la inversión necesaria para resolver el problema. Además, la falta de actualización de la póliza podría derivar en investigaciones disciplinarias y fiscales contra los funcionarios responsables de esa omisión.

“Hay problemas con las vigas, las estructuras, los acabados. Ya los informes de interventoría en 2021, se indicaba que los acabados presentaban hormigueros, problemas en el concreto, que el eje de columnas se encuentra desplazado hasta 50 centímetros. Se venía informando que en “las revisiones preliminares que hemos realizado en la de Taganga se encontraron problemas de aceros de refuerzo a la vista, eflorescencias en el concreto, fisuras en las columnas”, dijo el funcionario.

“Eso indica  que el proceso de construccióno no se venía haciendo de buena forma”, dijo el secretario Gutiérrez.

LOS ESTUDIANTES

La secretaria de Educación, Sandra Muñoz, explicó en el recinto del Concejo, que el Distrito no ha dejado a los estudiantes de Taganga sin estudiar y por el contrario, han hecho lo posible por atender la contingencia.

Según la doctora Muñoz en las dos sedes del colegio se está brindando la atención a 960 estudiantes, 572 en la sede 1 y 342 en la sede 2, además de 146 estudiantes asisten a la jornada nocturna, independientes a la mega obra que se encuentra en ruinas.

“La obra de la que estamos hablando nunca fue entregada a la institución educativa, ni a administraciones anteriores y a la actual administración”, precisó.

LOS CONCEJALES

La Mesa Directiva del Concejo anunció la creación de una comisión accidental para hacer seguimiento a la obra y verificar su estado. También solicitó remitir copias del acta y de los soportes relacionados con esta sesión a los entes de control —Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General— para que se adelanten las investigaciones pertinentes y se determinen responsabilidades.

“El caso de la IED Taganga refleja con claridad la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y rendición de cuentas en la contratación pública. La ciudadanía exige hechos concretos, transparencia y justicia: que los responsables rindan cuentas y que los errores costosos no sigan repitiéndose en Santa Marta”, dijo el concejal José Mozo.

El concejal Juan Carlos Palacio indicó que, “es la continuación de un debate que se hizo algunos años sobre las obras inconclusas que tiene el distrito de Santa Marta,  pero el tiempo nos da la razón al ver el estado en que se encuentran las obras del CDI de Bonda, el centro de salud de Mamatoco, y hoy hablamos del Megacolegio de Teganga que también estuvo inmerso en ese debate que advertimos que no lo iban a terminar”, precisó. “Penalmente tiene que pagar las personas que ahí rayaron en la corrupción. Los tiempos del bla bla bla se acabaron en la ciudad”, añadió el cabildante.