A la iniciativa solo le resta conciliar en Senado y recibir la firma del presidente Gustavo Petro.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles el informe de conciliación del proyecto de ley que transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público en una «universidad». Con 91 votos a favor y solo seis en contra, la iniciativa ratifica su respaldo multipartidista y se acerca a ser norma.

El presidente de la Cámara, Julián López, del Partido de la U, fue el ponente de la propuesta y su principal defensor. En el documento que radicó para pedir apoyo del Legislativo se pronunció sobre el impacto fiscal que podría tener la nueva institución, y desde entonces, la potencial ley ha recibido críticas al respecto.

Pese a los reparos, al proyecto solo le resta que el Senado apruebe la próxima semana la misma conciliación que llegó a la Cámara, y que el presidente Gustavo Petro sancione el texto. El procurador Eljach asegura que la universidad no costará más de lo que actualmente se le destina al Instituto de Estudios.

La incógnita sobre las finanzas fue recurrente en el trámite legislativo, pues ni la exposición de motivos ni las ponencias estimaron hasta dónde llegaría la asignación presupuestal, pero el articulado y las aspiraciones de Eljach dan algunas luces.

Según el texto que la Cámara avaló, la universidad se nutrirá de «recursos públicos asignados anualmente del presupuesto general de la Nación» y, desde 2027, «las sumas de dinero equivalentes al 2,5% del presupuesto para funcionamiento asignado a la Procuraduría General de la Nación».

La universidad estaría lista para arrancar en 2026. La semana pasada el Congreso le aprobó al Gobierno su propuesta de presupuesto general de 546 billones. Varias entidades, como el Dane, experimentaron recortes entre el primer debate en las comisiones conjuntas, y el segundo, en las plenarias.

El caso de la Procuraduría fue el contrario. En primer debate, cuando las comisiones le cortaron diez billones al presupuesto que la administración de Gustavo Petro había radicado, la entidad iba a recibir 1,51 billones de la Nación. Para el segundo debate, coincidiendo con la aprobación final del proyecto de la universidad antes de la conciliación, la cifra fue de unos 2,1 billones.

O sea, la Nación se comprometió, con el visto bueno del Congreso, a entregarle a la Procuraduría casi 590 mil millones de pesos más. El propio Ministerio Público le pidió al Legislativo la adición, en medio de los tantos pronunciamientos que el Congreso recibió para deliberar sobre el presupuesto general.

Del dato, Eljach aspira a que unos veinte mil millones se dirijan a la nueva universidad. Y desde 2027 se sumarían otros 32,5 mil millones si se tiene en cuenta el presupuesto de funcionamiento de la Procuraduría de este año, que fue, según una resolución del órgano de control de diciembre de 2024, de 1,3 billones.

Así que inicialmente se prevé que la nueva Universidad de la Procuraduría cueste más de 52,5 mil millones de pesos, más de veinte mil millones de lo que costó la universidad de la Fiscalía, que, bajo el mandato de Eduardo Montealegre, tuvo que cerrar tras apenas un semestre en 2015.

La Cámara aún tiene pendiente debatir otro proyecto que Gregorio Eljach radicó en agosto junto al de la universidad: la conmemoración del Bicentenario de la Procuraduría. Le queda solo un debate. Con él, la Nación se comprometería a entregar 200 mil millones de pesos para construir una «Casa del Bicentenario» antes de 2030.