De acuerdo con el organismo internacional, durante el año 2025 se han recopilado 19 registros audiovisuales provenientes de diferentes fuentes, en los que se evidencian prácticas violentas como agresiones físicas, trabajos forzados, inmovilización de extremidades, exhibición pública de carteles con mensajes de arrepentimiento y solicitudes de perdón obligadas.

Estas medidas son impuestas, presuntamente, como castigo por acciones como el expendio de sustancias psicoactivas, hurtos, casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y riñas.

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ONU Derechos Humanos advirtió que estos actos constituyen graves vulneraciones a la integridad personal y la dignidad humana, protegidas por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, ambos suscritos por Colombia.

El organismo señaló además que, al tratarse de acciones cometidas por un grupo armado no estatal, podrían considerarse infracciones al Derecho Internacional Humanitario según el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, e incluso crímenes de lesa humanidad o de guerra, conforme al Estatuto de Roma.

Entre las víctimas identificadas se encuentran mujeres sometidas a trabajos forzados, como barrer en espacios públicos, y otras a quienes se les rapó el cabello de forma violenta. Según la ONU, estas acciones atentan contra la autoestima y la identidad de las mujeres, afectando su autonomía y control personal. En concordancia con el Informe del Relator contra la Tortura, Nils Melzer (2020), y la Recomendación General N.º 35 del Comité CEDAW, estos actos pueden constituir formas de violencia de género.

El organismo advirtió que los castigos impuestos como forma de tortura no solo vulneran la dignidad de las víctimas, sino que también debilitan la gobernabilidad local y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.