Un debate fracturado

El ambiente estuvo cargado de cuestionamientos por las modificaciones hechas al proyecto en la Comisión Segunda de Hacienda, donde la iniciativa pasó de 64 a 53 artículos. Parte de los diputados criticó que esos cambios eliminaran más de 561 mil millones de pesos en partidas destinadas a inversión social, educación, salud e infraestructura.

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Este sector advirtió que los recortes vulneran el plan de desarrollo y ponen en riesgo obras en ejecución o próximas a iniciarse. Alegaron además que el presupuesto presentado por la Gobernación cumplía con los soportes técnicos y financieros requeridos.

Desde la orilla opuesta, otros diputados defendieron la actuación de la Comisión, señalando que la Secretaría de Hacienda no entregó los certificados necesarios para demostrar la disponibilidad de los recursos incluidos en el superávit. Afirmaron que sería “irresponsable” aprobar un presupuesto sin las verificaciones correspondientes y que la Asamblea, por reglamento, está facultada para hacer ajustes.

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Ahora el Gobernador deberá expedir el presupuesto

Con la ponencia hundida por empate, el trámite legislativo queda cerrado y la ley establece que el presupuesto deberá ser definido mediante decreto del Gobernador.

La expectativa se centra en si el Ejecutivo adoptará la versión original con 64 artículos, tal como la presentó la Administración, o si considerará la versión reducida de 53 artículos que salió de la Comisión de Hacienda.

La falta de consenso puso en evidencia profundas fracturas dentro de la Asamblea y abre un final de año marcado por tensiones políticas en torno al manejo fiscal del departamento.