La votación, que terminó en empate, seis votos a favor y seis en contra, impidió que el documento avanzara en su trámite ordinario. El proyecto, identificado como Ordenanza 133, contenía el presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones para la administración departamental. La ponencia llegó al pleno tras múltiples modificaciones realizadas en la Comisión Segunda de Hacienda, donde el articulado fue reducido de 64 a 53 artículos, cambios que desataron un intenso debate.

Críticas a la reducción de artículos y partidas

La reducción del articulado y los ajustes a las partidas presupuestales fueron el centro de las críticas de varios diputados.
César Pacheco advirtió que la eliminación de recursos provenientes de vigencias anteriores afectaría la ejecución de programas estratégicos, especialmente en áreas como educación, salud e infraestructura. Según él, los cambios comprometerían la capacidad del departamento para avanzar en proyectos ya priorizados. Por su parte, el diputado Yohan Pinedo calificó las modificaciones como un “obstáculo” para la inversión pública, señalando que lo aprobado en Comisión de Hacienda frenaría la reactivación y el desarrollo territorial.

A su postura se sumó la diputada Linda Cabarcas, quien cuestionó que las decisiones no se sustentaran en estudios técnicos ni en el marco fiscal de mediano plazo, lo que a su juicio restaba rigor al proceso.

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El presupuesto será definido por decreto

Con el hundimiento de la ponencia, el trámite ordinario queda cerrado. De acuerdo con la normatividad vigente, al no aprobarse el proyecto en la Asamblea, el presupuesto para la vigencia 2026 deberá ser expedido mediante decreto por el gobernador del Magdalena.

El episodio deja en evidencia la fragmentación política del órgano departamental y anticipa un cierre de año marcado por tensiones en torno a la gestión financiera y las prioridades del Gobierno seccional.