Carvajal enfrenta una recusación en el trámite de la reforma pensional, por los conceptos que emitió cuando fue parte de Colpensiones.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, radicó esta semana ante la Sala Plena del alto tribunal el proyecto de auto con el que pretende zanjar la discusión sobre si el magistrado Héctor Carvajal puede participar, o no, en el debate de la reforma pensional.

Carvajal, antes abogado personal del presidente Gustavo Petro, quien lo ternó para la Corte, ha estado en el centro de la controversia en el plenario porque fue contratista de Colpensiones, la entidad que recibirá con la reforma todas las cotizaciones de las personas afiliadas al sistema pensional.

Mientras estuvo con la administradora estatal, participó junto al Ministerio de Trabajo en la defensa de la Ley 2381, que enfrenta unas 85 demandas en la Corte. Según correos en el expediente más avanzado, el de Ibáñez, Carvajal se pronunció en favor de la norma en tres procesos distintos.

«El magistrado recusado emitió, de manera reiterada y previa a su posesión, conceptos jurídicos sobre la constitucionalidad de la misma disposición legal que ahora pretende juzgar en sede de constitucionalidad», dice un oficio que la senadora Paloma Valencia le envió al magistrado Ibáñez.

Valencia es una de las demandantes en el caso en el que Ibáñez es ponente y que acapara cientos de documentos, entre intervenciones ciudadanas, autos de la Corte y la orden de suspender en junio la entrada en vigencia de la ley mientras aparece una decisión de fondo.

Héctor Carvajal y Colpensiones versus Jorge Enrique Ibáñez y la Corte Constitucional

El Congreso escogió a Carvajal como magistrado en mayo. Un mes después, antes de su posesión, ya estaba recusado. La Sala Plena desestimó la recusación el 17 de junio —argumentando que Carvajal aún no había asumido el cargo—, con un auto que apenas publicó el 11 de noviembre.

Una vez Carvajal contó con su toga, otra recusación empezó a andar. Ibáñez le ordenó a Colpensiones entregar toda su información sobre él. La estatal cumplió la semana siguiente, el magistrado no estuvo conforme y pidió remitir los contratos y conceptos del hombre de confianza de Petro.

Ahí va el choque. El presidente Ibáñez, quien sostiene que la Cámara de Representantes cayó en un vicio de trámite al votar sin discutir la reforma que el Senado aprobó, espera solventarlo con el proyecto de auto que le envió a sus colegas del plenario el 18 de noviembre.

El magistrado Carvajal está enojado. El 11 de noviembre le envió una carta de siete páginas a Ibáñez para presentar su «enérgica protesta por la forma como se viene tramitando la recusación», porque «se trata de una actuación anómala» que «desconoce reglas mínimas del debido proceso».

Ibáñez utilizó un formalismo técnico para rechazar la documentación de Colpensiones, y le pidió a la entidad reenviar los archivos sin ninguna alteración, porque había capturas de pantalla, formatos que aparentemente cambiaban su estructura y contenido que no era original.

Para Carvajal, Ibáñez creó «un procedimiento no establecido en la ley» y desconoció el principio de buena fe. «Solicito se adopte la decisión de la recusación que corresponda y de esta manera se proceda con la continuidad del proceso», expresó el exconjuez del Consejo de Estado.