La presión ejercida por autoridades venezolanas en una zona rural del municipio de Guarero, en el estado Zulia, fue decisiva para lograr la liberación de dos ciudadanos colombianos que permanecían secuestrados. Los captores, al sentirse cercados por tierra y aire, abandonaron a las víctimas, por quienes exigían una suma cercana a los 1.800 millones de pesos.
El operativo fue el resultado de un trabajo investigativo liderado por el Gaula de la Policía Nacional de Colombia, que desde el inicio asumió el caso tras las primeras comunicaciones extorsivas dirigidas a los familiares del comerciante de Manaure, Víctor Martínez, y de la docente Janeth Osorio, secuestrada en el municipio de Uribia.
Desde el momento en que se conocieron las exigencias económicas, los investigadores activaron protocolos de rastreo y seguimiento. Los delincuentes utilizaban varios equipos móviles para presionar a las familias y acelerar el pago del rescate, lo que permitió a las autoridades empezar a trazar patrones de comunicación y movimientos.
Tecnología e inteligencia en la investigación
Se conoció que, el Gaula de la Policía Nacional sustentó el operativo en labores técnicas avanzadas. “Se adelantó una investigación con sistemas de interceptación, ubicación, triangulación de datos, números telefónicos y otros mecanismos como transmisión de información por WhatsApp u otros similares”, indicó el teniente coronel Héctor Daza, comandante encargado de la Policía en La Guajira.
A este trabajo tecnológico se sumó información importante aportada por una fuente humana, cuya colaboración fue fundamental para ubicar el sitio donde permanecían retenidas las víctimas. Con estos datos, se logró establecer que los secuestrados se encontraban en una zona rural del municipio de Guarero, en territorio venezolano.
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Las exigencias económicas fueron confirmadas durante la investigación. Por el comerciante Víctor Martínez los captores pedían 1.000 millones de pesos, mientras que por la docente Janeth Osorio exigían 800 millones. Sin embargo, las familias no realizaron ningún pago, una decisión que, según las autoridades, fue determinante para el desenlace del caso.
Coordinación binacional decisiva
Con la ubicación confirmada, el Gaula coordinó de inmediato con las autoridades venezolanas, lo que permitió desplegar un operativo conjunto. La acción incluyó un cerco estratégico que generó una presión constante sobre los delincuentes, quienes optaron por huir y dejar en libertad a las personas secuestradas.
Las fuerzas del orden venezolanas ejercieron “una presión legal, lógicamente una presión legal. Encerramiento, y los sujetos tuvieron que prácticamente abandonar a las personas que estaban secuestradas”, explicó el comandante de la Policia de La Guajira encargado, destacando la importancia de la cooperación del país vecino.
Una vez recuperadas, las víctimas fueron puestas bajo custodia de las autoridades venezolanas, que se comunicaron de inmediato con el Gaula de la Policía Nacional de Colombia. Gracias al intercambio constante de información, se activaron los protocolos de entrega coordinada en la línea fronteriza.
Entrega segura y regreso a casa
Las personas rescatadas fueron trasladadas hasta ‘la raya’, en el corregimiento de Paraguachón, límite fronterizo entre Colombia y Venezuela, donde fueron entregadas inicialmente al Ejército Nacional de Colombia. Posteriormente, el procedimiento continuó en territorio colombiano con la participación de la Policía Nacional.
Este otro recibimiento se realizó en el sector del peaje de Paraguachón, donde se garantizó la seguridad, atención inicial y verificación del estado de salud de las víctimas. “El Ejército también participa, la Policía ahí en el peaje de Paraguachón los recibe la noche de este miércoles y son entregados a sus familiares”, señaló el teniente coronel Daza.
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Exigencias sin pago y mensaje institucional
Durante el balance del operativo, las autoridades reiteraron que, pese a las altas sumas exigidas, “no hubo ningún pago”. Este hecho refuerza el mensaje institucional de no ceder ante la extorsión y confiar en las capacidades investigativas del Estado.
La Policía Nacional destacó que la rápida reacción, la negativa de las familias a pagar y la presión institucional evitaron que el caso escalara y permitieron proteger la vida de las víctimas. El operativo, además, es un avance en la lucha contra estructuras criminales que operan en zonas fronterizas por lo que la coordinación binacional sigue dando resultados.