La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada bajo una promesa: cerrar más de 50 años de un cruento conflicto armado interno. Cada uno de esos años de vejaciones, dolor, miles de vidas perdidas y futuros truncados por la violencia son cicatrices y marcas imborrables que han quedado en la memoria colectiva de Colombia, así como en cada una de las víctimas, familias y territorios. Esas profundas heridas son las que buscamos sanar por medio de la escucha, del acercamiento y la comprensión de lo que nos causaron tantos años de guerra.

El 2025 fue un año muy importante para las víctimas y los comparecientes, así como para la Jurisdicción. Dimos pasos firmes y definitivos para acercarnos cada vez más a ese objetivo común: sanar lo que el conflicto rompió. La imposición de las primeras sanciones propias al último secretariado de las extintas Farc-EP y a 12 comparecientes de la fuerza pública, son una muestra irrefutable de ese camino andado.

El relacionamiento y los acuerdos alcanzados con diversas entidades estatales han sido fundamentales para garantizar la implementación de las sanciones propias. Para garantizar recursos hemos conformado mesas técnicas con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Así mismo, hemos oficiado a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda solicitando de manera urgente la asignación de recursos que garanticen nuestro funcionamiento.

En cuanto a la cooperación internacional, llevamos a cabo 77 proyectos y 15 acuerdos para el apoyo de iniciativas y gestión de la JEP. A lo largo del año, sostuvimos 113 encuentros con embajadas, organismos internacionales de agencias de cooperación y el sistema de Naciones Unidas, incluida nuestra reciente presencia en La Haya en la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

Diversas voces del mundo nos han hecho saber que el novedoso modelo de Justicia Transicional Restaurativa que estamos aplicando es un ejemplo para otros países que experimentan conflictos armados y que buscan la mejor manera de juzgar graves crímenes internacionales. Así, hemos intercambiado experiencias con delegaciones de Camerún, Nigeria, República Democrática del Congo, Filipinas, Etiopía y Ucrania.

En términos de otros resultados judiciales, seguimos dando respuestas al país sobre los máximos responsables del conflicto. Este año emitimos 10 nuevos autos de imputación, cuatro contra comparecientes de las Farc-EP y seis contra miembros de la fuerza pública. En las más recientes imputaciones calificamos el ataque contra el partido político Unión Patriótica en términos de Genocidio, y en el caso que investiga los crímenes de Urabá imputamos por primera vez en un mismo auto a comparecientes de Farc-EP, de la fuerza pública y terceros civiles. A la fecha, la JEP suma un total de 333 imputaciones contra máximos responsables por su involucramiento en centenares de hechos que afectaron a miles de víctimas. Cifras nunca antes vistas en el mundo en procesos judiciales transicionales de corta duración.

Así mismo, seguimos resolviendo la situación jurídica definitiva de aquellos comparecientes que no jugaron un papel determinante en hechos del conflicto. En un año, hemos concedido la renuncia condicionada a la persecución penal a 473 comparecientes de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables.

Ese es el panorama, a muy grandes rasgos, de lo que viene haciendo esta Jurisdicción para sanar lo que el conflicto armado rompió; un trabajo en favor de las más de 12.800 víctimas individuales y 421 sujetos colectivos acreditados hasta la fecha.

Hace apenas unos días, en la audiencia de reconocimiento por secuestros de las Farc-EP en el Magdalena Medio, el señor Rafael Roca Ravelo, secuestrado dos veces por esa extinta guerrilla en 2000 y en 2002, agradeció a la JEP y aseguró que “estos momentos son únicos”.

En la reciente audiencia de reconocimiento por ‘falsos positivos’ en Granada, Antioquia, el municipio del país con más víctimas de este crimen, Cristian Alejandro Martínez expresó que esperaron durante 20 años: “no saben cuánto dolor cargamos”. Y aseguró que gracias al proceso de la JEP ha «empezado a superar un poco el dolor”.

En regiones en las que sigue vivo el conflicto, como Guaviare, hace poco más de un mes, en una audiencia de observaciones del Caso 08, Paulina Mahecha, una lideresa en la búsqueda de desaparecidos, dijo: “Les agradezco a la JEP y al Acuerdo de Paz por dejarnos instituciones que nos escuchan”.

Y es verdad que la escucha es un principio rector en la justicia que impartimos en la Jurisdicción. Ese diálogo constante entre víctimas y comparecientes nos ha enseñado cómo hacer mejor nuestro trabajo y, así mismo, unir esfuerzos para encontrar el apoyo necesario para continuar este camino.

Tenemos la tranquilidad de que estamos logrando lo que nos propusimos. De modo que, de la mano de las víctimas, los comparecientes y la sociedad colombiana en su conjunto, la promesa de la JEP sigue viva.

*Magistrado Presidente de la JEP