Según Petro, la medida emergencia económica busca evitar que la deuda pública se vuelva insostenible y que el país “vaya al abismo”.

En su alocución previa a la Navidad, el presidente Gustavo Petro volvió a defender la declaratoria de emergencia económica y social decretada por su gobierno, al insistir en que sí existen hechos sobrevinientes que la justifican.

Según el mandatario, la medida busca evitar que la deuda pública se vuelva insostenible y que el país “vaya al abismo” desde el punto de vista fiscal.

Durante su intervención, el jefe de Estado reiteró sus críticas al Congreso de la República y al Banco de la República, a quienes responsabilizó de la actual coyuntura económica. Recordó que la reforma tributaria o ley de financiamiento fue hundida en dos ocasiones en el Legislativo y cuestionó la decisión del emisor de no reducir la tasa de interés.

Ponerle impuestos “a los más ricos”

El presidente sostuvo que su gobierno ya aplicó un fuerte ajuste al gasto público y que, ante las restricciones constitucionales, la única salida viable es aumentar los impuestos, pero dirigidos a los sectores de mayores ingresos. En ese contexto, defendió el impuesto al patrimonio y una sobretasa al sector financiero, medidas que, afirmó, solo impactan a un pequeño porcentaje de la población.

“Este gobierno ya recortó el gasto al máximo. Lo que quieren es que le quitemos la plata a la educación, a la salud, y eso no lo vamos a hacer. No es posible. La Constitución ordena que el gasto social crezca, no que se recorte”, afirmó.

Agregó que “la Constitución colombiana ordena que se pague de prioridad la deuda. Tampoco podemos recortar. En seguridad podríamos, pero usted sabe qué pasaría si echamos soldados y policías. Y solo queda una posibilidad, que es recortar la inversión pública, que básicamente son pagos de carreteras por contratos hechos antes, y tendríamos que incumplirlos. Por eso lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no al pueblo, sino a los más ricos de los ricos”, señaló Petro.

Petro insistió en Asamblea Nacional Constituyente

Al referirse a la revisión que adelantará la Rama Judicial sobre el decreto de emergencia económica, Petro habló de un “bloqueo institucional” contra su gobierno y advirtió que, de mantenerse ese escenario, se debe convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“El bloqueo institucional yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya vamos a presentar la ley al Congreso, que está bien hecha, y vendrá una discusión política, pero no en este Congreso sino en el nuevo Congreso. Ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si ese nuevo Congreso le da la voz al pueblo en la Asamblea Constituyente o la frena”, concluyó.

‘Avalancha’ de demandas al decreto

La emergencia económica declarada por Petro ha generado una fuerte polémica en los sectores políticos del país. De hecho, ya son varias las demandas contra el decreto expedido desde la Casa de Nariño, que en su mayoría piden que se admita una suspensión provisional de la medida para evitar que entren en vigencia nuevos impuestos a partir del primero de enero de 2026.

La senadora María Fernanda Cabal radicó una acción de inconstitucionalidad para que se tumbe esta declaratoria.

“La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el hundimiento de una ley de financiamiento no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles”, dijo Cabal.

Por su parte, la precandidata presidencial Paloma Valencia envió una carta a los magistrados en la que les pide adelantar una reunión extraordinaria para revisar el decreto de la emergencia económica.

La Corte no irá a sesión extraordinaria

Los nueve magistrados de la Corte Constitucional decidieron este martes que no estudiarán el decreto de emergencia económica este año, sino en 2026, una vez termine la vacancia judicial.

En un comunicado, el alto tribunal aseguró que el control de constitucionalidad debe tener en cuenta “las reglas que definen la organización y el funcionamiento de los despachos”. La Sala consideró tres antecedentes y concluyó que cumplirá su tarea “una vez se reanude la actividad judicial”.