La institución recordó a los actores del sistema que deben garantizar redes de atención suficientes para todas las personas, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad. Esta obligación cobija a EPS, IPS, ESE, gestores, operadores farmacéuticos, entre otras entidades prestadoras de servicios.

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional y a los actores involucrados en el sistema implementar medidas que permitan garantizar la continuidad de los servicios de salud en el 2026.

La institución recordó a los actores del sistema que deben garantizar redes de atención suficientes para todas las personas, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad. Esta obligación cobija a EPS, IPS, ESE, gestores, operadores farmacéuticos, entre otras entidades prestadoras de servicios.

Además, se debe contar con espacios conjuntos y permanentes de comunicación y articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores de las EPS y los gestores farmacéuticos, con el propósito de dar continuidad al trabajo adelantado para la continuidad del servicio.

Una de las principales preocupaciones de la Defensoría tiene que ver con la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026 por temas administrativos y financieros parte de diferentes IPS, entre las que se encuentra el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso.

Dichas IPS alertaron fallas en plataformas de radicación e incumplimiento de pagos por parte de la Nueva EPS. La Defensoría también indicó que se han conocido comunicaciones dirigidas a usuarios afiliados de esta EPS mediante las cuales el gestor farmacéutico Colsubsidio informa que, a partir de la misma fecha, se cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos.

Dada esta situación la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud tomar decisiones inmediatas como informar las rutas oficiales de contacto, informar sobre las acciones y medidas adoptadas en atención al informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados’, remitir documentación programación, planes de visita y resultados del plan de choque actual de la Superintendencia, e implementar un informe individual por cada EPS que contenga el detalle de los pagos efectuados por concepto de reembolso de gasto de bolsillo por medicamentos prescritos y no entregados.

“Estas acciones son fundamentales para responder de manera oportuna a las necesidades de los usuarios, fortalecer los canales de trabajo conjunto y asegurar el cumplimiento del derecho fundamental a la salud en cada territorio”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a todos los actores del sistema de salud para garantizar la continuidad en la atención y el acceso oportuno a medicamentos, especialmente frente a los riesgos de suspensión de servicios y cierre de puntos de dispensación que afectarían directamente a miles de personas en distintos territorios del país”, concluyó la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz.