El Gobierno ordenó el traslado de los máximos cabecillas de las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ a centros de reclusión en Barranquilla, una maniobra de urgencia solicitada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el objetivo de contener una posible reactivación de la guerra urbana en el Atlántico ante el vencimiento de la tregua vigente entre ambas facciones el próximo 20 de enero.

La decisión respondió a una solicitud formal elevada el pasado 9 de enero por el alto comisionado Otty Patiño al Ministerio de Justicia, en la que pidió evaluar el movimiento intramural de los jefes de estas bandas enemigas para garantizar la sostenibilidad de los diálogos.

La medida cobijó directamente a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’, quienes regresarán a su zona de injerencia bajo un esquema de seguridad que el Ejecutivo prometió blindar ante las críticas por posibles beneficios carcelarios.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó la autorización del traslado, pero marcó distancia frente a cualquier interpretación de laxitud en el tratamiento penitenciario de los capos, enfatizando que la medida busca exclusivamente proteger a la población civil.

«La solicitud de traslado la recibí ayer por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño, vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas y, principalmente, proteger a la ciudadanía, pero advierto, no van a un hotel», sentenció el funcionario.

Idárraga insistió en que el operativo en las cárceles de Barranquilla «será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)» para asegurar que la presencia de los líderes criminales en la ciudad no se convierta en un factor de desestabilización ni de reactivación del delito.

El movimiento de los presos se dio en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que habilitó los acercamientos exploratorios con estas estructuras. La tregua, que frenó los enfrentamientos violentos en Barranquilla desde el 2 de octubre de 2025, pendía de un hilo ante la fecha límite establecida para finales de este mes.

Frente a la validación de la voluntad de paz de estas organizaciones, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que los acercamientos actuales tienen como fin «verificar su voluntad real de paz» y definir si es viable la formalización de una mesa de diálogos.

La política de sometimiento de estas bandas urbanas siguió los lineamientos trazados por el presidente, Gustavo Petro, quien en mayo de 2025 cuestionó el papel de las estructuras juveniles al servicio del narcotráfico en la capital del Atlántico.

«Queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que le dejen de prestar servicios al traqueto», declaró el mandatario en aquella ocasión.

El Ministerio de Justicia reiteró que, aunque se facilitó el traslado para mantener los acuerdos, la paz urbana «no es impunidad», sino un ejercicio de control y legalidad que no implica la renuncia al principio de autoridad del Estado en los penales.

BOGOTÁ, (Colprensa).