A través de un video que hizo circular en las redes sociales Nain Pérez Toncel, conocido con el alias de ‘El Bendito Menor’, negó categóricamente que la masacre hubiera sido ordenada por su estructura o ejecutada bajo su mando.

La masacre de cinco personas ocurrida en el municipio de Maicao, en el corazón de la frontera colombo-venezolana, no solo dejó un saldo de muerte, miedo y dolor entre sus habitantes, sino que abrió un nuevo capítulo de confusión institucional y disputa narrativa sobre la autoría de la violencia armada que persiste en La Guajira.

A través de un video, Naín Pérez Toncel, conocido con el alias de ‘El Bendito Menor’, negó categóricamente que la masacre hubiera sido ordenada por su estructura o ejecutada bajo su mando.

A los pocos días del crimen, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada salieron públicamente a negar cualquier responsabilidad en los hechos, contradiciendo de manera directa el informe preliminar emitido por la Defensoría del Pueblo, que señaló a esa estructura como presunta responsable.

El ataque, perpetrado la noche del viernes 9 de enero, estremeció a Maicao, un municipio históricamente golpeado por economías ilegales, contrabando, migración forzada y disputas armadas por el control territorial. Cinco personas fueron asesinadas en un hecho que, por su sevicia y forma de ejecución, volvió a encender las alarmas sobre el deterioro de la seguridad en una zona estratégica para múltiples grupos armados y redes criminales.

En medio del luto colectivo y la exigencia ciudadana de respuestas claras, la discusión sobre quién ordenó y ejecutó la masacre tomó un giro inesperado. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, señaladas inicialmente por la Defensoría del Pueblo, difundieron un video en el que uno de sus máximos cabecillas se desmarca del crimen y pone en duda las conclusiones oficiales.

EL VIDEO

La aparición pública de la organización armada se dio a través de una grabación fechada el 11 de enero de 2026. En el video, Nain Pérez Toncel, conocido con el alias de ‘El Bendito Menor’, negó categóricamente que la masacre hubiera sido ordenada por su estructura o ejecutada bajo su mando.

“Quiero decirle a las autoridades que investiguen dicho caso, ya que eso no fue de parte de nuestra organización y mucho menos bajo las órdenes mías”, afirmó Pérez Toncel, en un mensaje dirigido directamente a las instituciones del Estado.

El pronunciamiento no solo buscó deslindar responsabilidades, sino que introdujo un nuevo elemento en el debate: la supuesta utilización del nombre de las Autodefensas por parte de otras bandas delincuenciales que operan en la región. Según el cabecilla ilegal, grupos dedicados a secuestros, extorsiones y homicidios estarían suplantando su identidad para infundir temor y ganar control territorial en Maicao y otros puntos de la frontera.

Esta versión, aunque proveniente de una fuente ilegal, refleja una realidad compleja y conocida por las autoridades: la fragmentación del crimen organizado y la coexistencia de múltiples actores armados que se disputan corredores estratégicos para el tráfico de mercancías, drogas y personas.

LA DEFENSORÍA MANTIENE SU ALERTA

Antes de la difusión del video, la Defensoría del Pueblo había condenado “enérgicamente” la masacre y atribuido de manera preliminar la responsabilidad a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, basándose en el monitoreo permanente que la entidad realiza en zonas de alto riesgo.

El organismo advirtió que Maicao se encuentra en un escenario de “alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales”, producto de la presencia armada ilegal, la debilidad institucional y la histórica marginalidad social. En su pronunciamiento, la Defensoría exigió a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones “eficaces, prontas y exhaustivas” que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y evitar nuevos episodios de violencia.

El choque entre ambas versiones deja en evidencia una tensión recurrente en los territorios más golpeados por el conflicto: la dificultad de establecer responsabilidades claras en contextos donde la violencia se ha normalizado y donde la información se mueve entre comunicados oficiales, testimonios comunitarios y mensajes de los propios grupos armados.

MAICAO: TERRITORIO EN DISPUTA

La masacre no puede analizarse como un hecho aislado. Maicao es uno de los municipios más complejos de La Guajira. Su ubicación estratégica, en plena frontera con Venezuela, la convierte en un punto clave para el contrabando, el tráfico de drogas, el paso irregular de migrantes y otras economías ilegales que alimentan la violencia.

Durante años, distintas estructuras armadas han intentado imponer control social y territorial en la zona, aprovechando la fragilidad del Estado y la falta de oportunidades para una población golpeada por la pobreza y el abandono histórico. En ese contexto, las masacres se convierten en mensajes de poder, mecanismos de intimidación y formas de disciplinamiento social.

Habitantes de Maicao, que pidieron reserva de su identidad por temor a represalias, aseguran que el miedo volvió a apoderarse de los barrios tras la masacre. “Aquí uno ya no sabe quién manda ni a quién creerle. Todos dicen que no fueron, pero los muertos quedan”, relató un líder comunitario.

EL DESAFÍO PARA LA JUSTICIA

La negación pública de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada plantea un reto adicional para las autoridades judiciales. Más allá del cruce de versiones, la Fiscalía enfrenta la obligación de sustentar cualquier señalamiento con pruebas sólidas, en un entorno donde los testigos temen hablar y donde las estructuras criminales mutan constantemente.

Analistas en seguridad advierten que este tipo de comunicados hacen parte de estrategias de los grupos armados para proteger sus intereses, desviar la atención o ganar legitimidad frente a ciertos sectores de la población. Sin embargo, también reconocen que la proliferación de bandas y subestructuras hace cada vez más complejo el mapa del crimen en regiones como La Guajira.

Mientras tanto, las familias de las cinco víctimas esperan respuestas. Para ellas, el debate sobre la autoría no es un asunto político ni discursivo, sino una necesidad urgente de verdad, justicia y garantías de no repetición.

UNA VIOLENCIA QUE NO CEDE

La masacre de Maicao vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la violencia armada sigue viva en los territorios periféricos del país, pese a los discursos oficiales sobre control y presencia estatal. La disputa entre versiones oficiales y negaciones armadas no puede ocultar el hecho central: cinco personas fueron asesinadas y una comunidad entera volvió a quedar atrapada entre el miedo y el abandono.

Hoy, Maicao no solo exige claridad sobre quién fue el responsable, sino una respuesta integral del Estado que vaya más allá de comunicados y condenas. Seguridad real, investigación efectiva y atención social siguen siendo deudas pendientes en una región donde la vida, una vez más, quedó en medio del fuego cruzado.