La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por un valor cercano a los $21.000 millones tras una Auditoría de Cumplimiento realizada al Ministerio de Transporte, relacionada con los recursos públicos del orden nacional transferidos al Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros (SETP) del Distrito de Santa Marta.

La auditoría, adelantada por la Delegada para el Sector Infraestructura, evaluó la inversión de estos recursos en el marco del convenio de cofinanciación suscrito entre el Ministerio de Transporte y el Distrito, correspondiente a las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025, encontrando múltiples deficiencias en la ejecución, supervisión y control de los contratos.

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Contrato tecnológico sin resultados

El principal hallazgo fiscal asciende a $19.840 millones, con presunta incidencia disciplinaria, y está asociado a un contrato firmado en 2023 para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario del SETP de Santa Marta.

Según el informe de la Contraloría, pese a que el contrato fue pagado en su totalidad, al 30 de junio de 2025 no se evidenciaba la entrega ni la puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos contratados, situación que impidió el cumplimiento del objeto contractual y generó un detrimento patrimonial significativo.

Hallazgo por interventoría

Dentro del monto total también se estableció un segundo hallazgo fiscal por $1.250 millones, igualmente con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con la ejecución y el pago del contrato de interventoría.

Este hallazgo se origina en el incumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas por parte de la interventoría, al no registrar, advertir ni informar oportunamente sobre los incumplimientos detectados durante la ejecución del contrato principal, ni recomendar medidas correctivas o sancionatorias, a pesar de haber autorizado los pagos correspondientes.

Falencias en supervisión y seguimiento

La Contraloría evidenció además deficiencias en la supervisión y el seguimiento al convenio de cofinanciación, tanto por parte del Ministerio de Transporte como del Ente Gestor del SETP de Santa Marta.

De manera particular, se señaló la ausencia de acciones efectivas frente al incumplimiento de las recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), lo que afectó la adecuada gestión, control y uso de los recursos públicos aportados por la Nación.

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Entregas sin soporte técnico

Otro aspecto crítico identificado en la auditoría fue la falta de precisión en la entrega y cumplimiento del objeto contractual. La Contraloría estableció que la entrega parcial del Sistema de Operación se realizó mediante una reunión virtual, sin que existiera un documento técnico formal que certificara de manera detallada los elementos entregados, sus identificaciones y especificaciones, tal como lo exigían las condiciones contractuales.

Asimismo, del análisis de los informes de interventoría, supervisión y demás documentación contractual, se concluyó que, pese a los pagos efectuados, el Sistema de Operación no se encuentra en funcionamiento.

Vigilancia a los recursos públicos

Finalmente, la Contraloría General de la República reiteró su compromiso con la vigilancia, el control y la protección de los recursos públicos, señalando que estas actuaciones buscan salvaguardar el interés general y el patrimonio de todos los colombianos.