En el actual debate sobre Venezuela se observa gran hipocresía acompañada de incoherencias y contradicciones en las posturas de aquellos gobernantes, periodistas e intelectuales que no pueden desprenderse de su ropaje comunista y sienten la obligación de defender a cualquiera que forme parte de su jauría ideológica, no importa cuáles, ni cuántos hayan sido sus crímenes.

Muchos condenan a Donald Trump por la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado, centrándose en acusaciones de violación de soberanía, uso ilegal de la fuerza y atentados contra el derecho internacional.

Sin embargo, esos mismos críticos jamás han aplicado la misma vehemencia moral y política para denunciar las prolongadas y documentadas violaciones de derechos humanos en Venezuela, así como las gravísimas irregularidades asociadas a procesos electorales bajo el régimen de Maduro.

Desde hace más de una década, diversas misiones internacionales, incluida la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos establecida por la ONU, han documentado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de represión sistemática perpetradas por agentes del estado venezolano.

Estos abusos constituyen claras violaciones de normas internacionales de derechos humanos. Igual, hay múltiples informes, como el de Human Rights Watch, que describen cómo el aparato represivo del gobierno de Maduro utilizó la violencia para castigar a opositores utilizando prácticas consideradas crímenes de lesa humanidad.

Además, las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela han sido señaladas por observadores y analistas como profundamente irregulares, con comprobado fraude, exclusión de candidatos opositores y restricciones sustanciales a la libertad política. Organizaciones opositoras y grupos de verificación electoral han documentado prácticas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han cuestionado la legitimidad del resultado.

Pese a estos antecedentes, algunas voces en foros académicos, medios internacionales y redes sociales han optado por criticar únicamente la intervención estadounidense, etiquetándola como imperialista o ilegal, sin mostrar una proporcional condena frente a las acciones represivas del régimen venezolano antes de la operación. Claramente se desconoce a Maduro como el represivo dictador que fue.

Esto es incoherente e inmoral: es difícil sostener que se defienden el derecho internacional y los derechos humanos cuando solo se denuncia una intervención militar extranjera, pero se minimizan o se ignoran años de abusos sistemáticos contra la población venezolana.

Debe reconocerse que la captura de un jefe de Estado por fuerzas extranjeras es una materia compleja que suscita debates sobre legalidad internacional y soberanía. Pero Maduro no era un jefe de estado legal, fue un dictador y un criminal en todo el sentido de la palabra.

Las leyes internacionales no fueron creadas para proteger la permanencia o los crímenes de un dictador en el poder. Maduro es un hombre que abusó descaradamente de su pueblo, causando la desesperada migración de 8 millones de venezolanos para escapar de sus garras.

Son muchos los hipócritas incoherentes que hemos oído en estos días, comenzando por Gustavo Petro. Condenar una intervención militar sin condenar, con la misma energía, años de represión interna y fraude electoral refleja no una defensa al derecho internacional, sino una postura selectiva y políticamente conveniente. Para que el debate sea genuino y ético, hay que enfrentar todas las violaciones a las leyes internacionales que se dicen defender; ya vengan del dictador Maduro y su gobierno o de acciones externas, con la misma fuerza y claridad.

*Analista