La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que la periodista Lorena Beltrán, quien desde hace varios años ha liderado la lucha contra cirujanos dedicados a realizar procedimientos estéticos y que habrían falsificado sus títulos, enfrenta un nuevo caso de acoso judicial.

Lorena hace poco más de siete años se sometió a una cirugía en un procedimiento que adelantó uno de los supuestos mejores galenos en el tema, Francisco Sales Puccini, a quien con el tiempo descubrió que había falsificado parte de su documentación en Brasil.

En ese contexto empezó una lucha para descubrir qué había detrás y se encontró con que Sales Puccini no era el único galeno que había falsificado sus estudios. La justicia ya condenó a siete años a Francisco Sales Puccini, su hermano Carlos Elías Sales Puccini y otros cuatro médicos más, Óscar Sandoval, Ronald Ricardo Ramos Daza, Jorge Nempeque y Juan Pablo Robles. Ese fallo fue apelado y falta el pronunciamiento de la Corte Suprema.

Pero como si el sufrimiento que vivió no fuera suficiente, en septiembre del año pasado Lorena recibió cuatro acciones de tutela interpuestas por médicos que, de acuerdo con las investigaciones de la periodista, estarían ejerciendo como cirujanos plásticos sin cumplir los requisitos legales. Como consecuencia del hostigamiento judicial reiterado, Beltrán se vio obligada a salir del país y actualmente teme por su seguridad e integridad.

Pero todo no termina allí. El pasado 31 de diciembre de 2025, según la FLIP, Beltrán recibió en el lugar donde reside una notificación judicial sobre un proceso iniciado en su contra. Al indagar sobre el mismo, le informaron que el demandante en el proceso es uno de los médicos que ha interpuesto una de las cuatro tutelas en su contra en Colombia. Días después, el 3 de enero de este año, Beltrán se presentó en la dirección indicada, donde le informaron que el 27 de enero deberá comparecer ante una corte del país donde se encuentra actualmente. Además, le entregaron un expediente compuesto por 55 páginas, que incluía acusaciones por presuntos actos de hostigamiento, acoso, discriminación por orientación sexual e incluso un supuesto intento de homicidio en contra del médico denunciante.

«Resulta especialmente preocupante que el demandante haya logrado hacer llegar este procedimiento hasta la dirección exacta donde reside Beltrán, pese a que su lugar de exilio no era un dato público. Este hecho refuerza el carácter intimidatorio del proceso y el riesgo para su seguridad e integridad, pues la exposición y el uso de datos personales y sensibles constituyen una forma de persecución e incluso pueden generar un entorno de riesgo que se derive en agresiones más graves y generar un efecto inhibitorio», expresó la FLIP.

Por eso, hizo un llamado a jueces y tribunales, especialmente a la Corte Constitucional, para que reconozcan el patrón de acoso judicial. Pero también a la Fiscalía para que indague lo que está ocurriendo.

BOGOTÁ (Colprensa)