El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, decidió admitir una acción de tutela presentada por el ciudadano Miguel Ignacio Martínez Olano, en la que se cuestionan presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de petición, debido proceso y defensa durante el desarrollo de los escrutinios departamentales realizados el 25 de noviembre de 2025.

Sin embargo, en la misma providencia, el alto tribunal negó la medida provisional que pretendía suspender la posesión de María Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena, así como frenar cualquier actuación relacionada con las elecciones atípicas en el departamento.

Reclamos por el cierre de escrutinios

De acuerdo con lo expuesto en la acción, el demandante señaló que las autoridades electorales habrían cerrado los escrutinios sin dar trámite ni respuesta a reclamaciones y recursos interpuestos oportunamente, lo que, a su juicio, afectó las garantías procesales dentro del proceso electoral.

La tutela fue dirigida contra varias entidades y funcionarios, entre ellos el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Consejo Nacional Electoral (CNE), delegados electorales para los escrutinios y un representante de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Negada la suspensión de la posesión

Al analizar la solicitud de medida provisional, el Consejo de Estado concluyó que no se acreditaron los requisitos necesarios para adoptar una decisión de carácter urgente. En particular, la Sala consideró que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara suspender la posesión de la gobernadora ni interferir de manera anticipada en actuaciones administrativas ya concluidas.

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El fallo enfatizó que las medidas provisionales en tutela solo proceden cuando la afectación a los derechos fundamentales es cierta, grave e inminente, condiciones que, según el análisis del despacho, no se evidenciaron en este caso.

Tutela sigue su trámite

Pese a la negativa de la medida cautelar, la Sección Quinta admitió formalmente la acción de tutela, al encontrar que cumple con los requisitos legales. En consecuencia, ordenó notificar a todas las autoridades y personas vinculadas al proceso para que, en un plazo de dos días, rindan sus informes y alleguen las pruebas que consideren pertinentes.

Asimismo, se vinculó a terceros con interés jurídico, entre ellos otros candidatos y la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizando el derecho de participación dentro del trámite constitucional.

Próximos pasos

El Consejo de Estado advirtió que el proceso de tutela continuará bajo los principios de celeridad y acceso efectivo a la justicia, y que cualquier incumplimiento a los requerimientos hechos a las autoridades podrá dar lugar a medidas correctivas.

Mientras tanto, la decisión de fondo sobre las presuntas irregularidades denunciadas en el proceso electoral del Magdalena aún está por resolverse, en el marco del estudio constitucional que ahora adelanta el alto tribunal.