El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, explicó de manera detallada los alcances del informe “Sostenibilidad financiera de las universidades públicas colombianas 2019–2024”, elaborado por la Contraloría General de la República, y aclaró interpretaciones que, según indicó, no se desprenden directamente del documento oficial.

El directivo sostuvo que el estudio representa un aporte técnico relevante para evidenciar una realidad histórica: la insuficiencia del modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, advirtió que algunas lecturas difundidas en el debate público han generado conclusiones erróneas sobre la situación financiera de instituciones específicas.

Desde el inicio de su intervención, el Rector fue enfático al señalar que la universidad pública no está diseñada para sostener su operación únicamente con recursos propios, pues su funcionamiento básico es una responsabilidad del Estado, conforme a la Constitución Política y a la Ley 30 de 1992.

Alcances reales del informe de la Contraloría

El rector Vera Salazar explicó que el estudio sectorial se construyó a partir de información solicitada en abril de 2025 a las 34 universidades públicas del país, requerimiento que la Universidad del Magdalena atendió oportunamente, entregando sus datos financieros y administrativos conforme a la normatividad vigente.

En ese sentido, aclaró que el informe no evalúa quiebras institucionales, no califica gestiones administrativas ni declara pérdidas contables, sino que analiza la sostenibilidad financiera del sistema universitario estatal en su conjunto, evidenciando un desfinanciamiento estructural acumulado durante años.

De manera categórica, desmintió versiones que señalaban presuntas pérdidas por 90 mil millones de pesos en Unimagdalena. “En ningún apartado del informe de la Contraloría se afirma que la Universidad del Magdalena haya tenido pérdidas financieras de esa magnitud”, precisó.

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Faltante estructural no equivale a pérdidas

El Rector explicó que el informe utiliza ejercicios técnicos que comparan los ingresos propios de las universidades con el costo total de su operación, y que la diferencia resultante es denominada “faltante” o “brecha de recursos”, concepto que no debe interpretarse como pérdida contable ni como detrimento patrimonial.

“Ese faltante refleja que las universidades públicas han tenido que asumir, con recursos propios, obligaciones que deberían estar financiadas estructuralmente por el Estado. No se trata de déficit contable ni de mala gestión”, subrayó.

En el caso de la Universidad del Magdalena, detalló que entre 2019 y 2024 se destinaron más de 428 mil millones de pesos de recursos propios para garantizar la continuidad académica, el funcionamiento institucional y el derecho a la educación de miles de estudiantes en el departamento.

Indicadores financieros positivos y respaldo internacional

A pesar del contexto de desfinanciamiento estructural, Unimagdalena presenta indicadores financieros sólidos, entre ellos adecuados niveles de liquidez, capital de trabajo positivo y un endeudamiento responsable.

Al cierre de la vigencia 2025, la Institución reportó excedentes financieros superiores a los 12 mil millones de pesos y un superávit presupuestal mayor a los 28 mil millones, recursos que serán destinados a inversiones estratégicas durante 2026.

Además, la Universidad cuenta con una calificación de riesgo AA con perspectiva estable, otorgada por la firma internacional Fitch Ratings, lo que respalda su manejo financiero y su capacidad de sostenibilidad institucional.

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Un reto del sistema y responsabilidad del Estado

El rector Pablo Vera reiteró que el debate actual no debe centrarse en una universidad específica, sino en la necesidad de revisar el modelo de financiación del Sistema Universitario Estatal, vigente desde hace más de tres décadas.

Reconoció que el Gobierno Nacional ha avanzado en atender esta problemática mediante ajustes a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y la asignación de recursos adicionales a la base presupuestal, aunque aclaró que estas medidas aún no logran cerrar completamente la brecha histórica acumulada.

Finalmente, el Rector hizo un llamado a dar el debate público con responsabilidad y claridad conceptual. “La universidad pública no existe para generar utilidades financieras; existe para crear oportunidades, transformar vidas y aportar al desarrollo del país. Garantizar la educación superior como derecho sigue siendo una responsabilidad indelegable del Estado”, concluyó.