Un juzgado de Santa Marta impuso una sanción de cinco días de arresto y una multa económica contra la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, tras declararla responsable de desacato por no cumplir un fallo de tutela relacionado con la gerencia del Hospital Alejandro Maestre Sierra, en el municipio de Ariguaní.

 Incumplimiento de un fallo de tutela

La decisión fue adoptada por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, luego de resolver un incidente de desacato promovido por Jhon Fredy Cardona Ferreira, quien había sido separado de su cargo como gerente del centro asistencial.
El origen del caso se remonta a una tutela fallada el 9 de enero de 2026, en la que se ordenó dejar sin efectos los decretos departamentales que aceptaron su renuncia y designaron a una nueva gerente, además de disponer su reintegro inmediato en un plazo máximo de 48 horas.

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 Argumentos desestimados por el juzgado

De acuerdo con el despacho judicial, la Gobernación no acató la orden, lo que motivó la apertura del incidente. La administración departamental alegó que existía una imposibilidad legal para cumplir el reintegro, señalando que la actual gerente había sido nombrada mediante un acto administrativo vigente.
Sin embargo, el juzgado concluyó que estos argumentos no justificaban el incumplimiento, al considerar que la orden judicial fue clara, directa y no estaba sujeta a condiciones adicionales.

 Sanción y medidas adicionales

Como consecuencia, se impuso a la mandataria departamental una sanción de cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual deberá ser consignada en la cuenta del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los plazos establecidos. Asimismo, se ordenó a la Policía Nacional – SIJIN garantizar la ejecución de la medida y se remitió el expediente a los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta para el trámite de consulta obligatoria.

Paralelamente, la Procuraduría Regional del Magdalena anunció la apertura de una indagación disciplinaria preliminar, con el fin de establecer posibles responsabilidades por la presunta desatención a la orden judicial.

El juzgado reiteró que los incidentes de desacato buscan asegurar el cumplimiento efectivo de las tutelas y advirtió que el desconocimiento de estas decisiones puede derivar en sanciones personales y económicas para los funcionarios responsables.