El organismo advierte sobre el desplazamiento de 46 familias tras los fuertes enfrentamientos entre los grupos armados en la vereda La Fuente
La DefensorÃa del Pueblo emitió un pronunciamiento de alerta sobre el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, lo que representa un total de 172 personas, entre las que se encuentran 63 niños, niñas y adolescentes que han tenido que abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas.
El organismo humanitario confirmó que, aunque los combates han cesado momentáneamente, la zozobra persiste entre los habitantes debido a la posible presencia de artefactos explosivos en las de las viviendas y las graves restricciones a la movilidad impuestas por los actores armados.
Según el reporte oficial, quienes aún permanecen en el territorio denuncian prácticas violatorias del Derecho Internacional Humanitario, tales como la retención de teléfonos celulares, el control sobre el suministro de alimentos y la prohibición del uso de motocicletas y otros medios de transporte.
Esta escalada violenta en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, representa la consumación del riesgo que la DefensorÃa habÃa advertido previamente en su Alerta Temprana Estructural 020 de 2025.
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El documento señalaba una disputa territorial estratégica entre ambas organizaciones criminales, la cual ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades campesinas. Ante este panorama, se ha solicitado a la administración municipal de Aracataca la activación inmediata de su Plan de Contingencia para brindar atención humanitaria de emergencia a las familias que han llegado al casco urbano, muchas de las cuales aún no reciben la asistencia básica requerida.
La DefensorÃa también ha instado a la Fuerza Pública a adoptar medidas de protección bajo el estricto respeto de las normas internacionales, solicitando además una coordinación efectiva para el tratamiento digno de los cuerpos de presuntos combatientes que han quedado en las vÃas de la zona rural.
Asimismo, se hace un llamado urgente para iniciar procesos de descontaminación de municiones y restos explosivos tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, priorizando las rutas de tránsito civil para evitar tragedias adicionales.
Finalmente, el ente defensor exhortó a los grupos armados a respetar los compromisos de reducción de la violencia asumidos en los espacios de diálogo con el Gobierno Nacional. La entidad enfatizó que estos acuerdos deben traducirse en hechos reales y verificables en el territorio, garantizando el principio de distinción y el cese de hostilidades contra la población civil.
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La DefensorÃa del Pueblo mantendrá un monitoreo permanente en la región para asegurar que las instituciones del Estado cumplan con su deber de proteger los derechos fundamentales de las comunidades afectadas en el departamento del Magdalena.