En la mañana de este jueves 26 de febrero se llevó a cabo una inspección judicial en el Cementerio San Miguel, en el marco del proceso penal que enfrenta el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub por presuntos delitos relacionados con la administración del camposanto.

La diligencia fue ordenada dentro de una audiencia de restablecimiento del derecho solicitada por la Fiscalía General de la Nación y la Fundación Juan Pablo II, entidad adscrita a la Diócesis de Santa Marta.

De acuerdo con Diego Fernando Duque Zuluaga, apoderado de la Fundación, el objetivo es que se cancele un presunto registro fraudulento mediante el cual se estaría explotando económicamente el cementerio y que, de manera provisional, se restituya la tenencia y administración del bien a la Diócesis mientras se resuelve el proceso de fondo.

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Durante la jornada, un perito arquitecto tomó posesión del cargo y realizó inspección ocular para dejar constancia de las condiciones físicas, dimensiones, características estructurales y de la actividad económica que se desarrolla en el lugar. El juez de control de garantías fijó un plazo aproximado de 15 días para adoptar una decisión frente a la solicitud de cancelación del registro y el eventual restablecimiento provisional.

Por su parte, Wilmer Echavarría, abogado defensor del sacerdote, manifestó que la diligencia tenía como finalidad exclusivamente técnica verificar las dimensiones reales del cementerio. Señaló además que no está autorizado para referirse en detalle al proceso penal, aunque indicó que también existe un proceso civil pendiente por resolverse.

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El caso
El 16 de julio de 2025, un juez penal municipal de Santa Marta imputó al padre Fajid Álvarez Yacub los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos, dentro de la investigación por la administración del Cementerio San Miguel.

En esa audiencia, la parte demandante solicitó una medida cautelar para impedir el ingreso del sacerdote al camposanto; sin embargo, el despacho negó la petición al considerar que no existía evidencia suficiente para restringir su acceso y que no había claridad plena sobre la titularidad del predio. La decisión fue apelada.

Actualmente, el proceso continúa su curso y será en juicio donde el sacerdote deberá responder por los cargos formulados por la Fiscalía.