Nubia Carolina Córdoba Curi rechazó los
señalamientos difundidos en redes sociales sobre su vida privada y anunció
acciones judiciales contra el activista Wilson Chalá Moya.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina
Córdoba Curi, respondió a una serie de publicaciones difundidas en redes
sociales que, según denunció, contienen acusaciones sin sustento y ataques contra
su vida privada. La mandataria anunció acciones legales y aseguró que
continuará al frente de sus responsabilidades, pese a la controversia.

En un pronunciamiento divulgado en las
últimas horas, Córdoba rechazó que los cuestionamientos personales y los
prejuicios se utilicen para desacreditar a una mujer que ocupa un cargo de
elección popular. Su mensaje estuvo dirigido tanto a quienes participan en el
debate público como a otras mujeres que enfrentan obstáculos y agresiones en
espacios tradicionalmente dominados por hombres.

“No permitamos que la violencia verbal, los
prejuicios ni los ataques contra nuestra intimidad nos hagan retroceder”,
manifestó la gobernadora, al referirse a las dificultades que enfrentan las
mujeres cuando llegan a posiciones de poder.

La controversia se originó tras la difusión
de videos en los que Wilson Chalá Moya, quien pertenece a un movimiento llamado
Social Afro, formuló señalamientos sobre la mandataria, incluidos supuestos
vínculos con grupos armados ilegales y afirmaciones relacionadas con su vida
personal. Córdoba negó esas acusaciones y sostuvo que no se han presentado
pruebas que las respalden.

El caso se encuentra en el terreno de las
denuncias y las actuaciones anunciadas por la funcionaria. Corresponderá a las
autoridades competentes evaluar los elementos que se presenten y establecer si
existen responsabilidades legales.

Acciones judiciales por señalamientos en
redes sociales

Córdoba informó que acudió a las
autoridades por las publicaciones que considera lesivas para su honra y su buen
nombre. Según su pronunciamiento, presentó una querella por injuria ante la
Fiscalía el 22 de octubre y anunció nuevas acciones por presuntos delitos de
injuria, calumnia y hostigamiento, en relación con contenidos que circularon
posteriormente.

La gobernadora cuestionó especialmente que
las publicaciones incluyeran afirmaciones sobre presuntos nexos con
organizaciones armadas ilegales y referencias a aspectos de su intimidad.
Frente a esos señalamientos, negó tener vínculos actuales o anteriores con esos
grupos y afirmó que no tiene condenas ni sanciones de ninguna clase.

Sostuvo que está dispuesta a responder ante
los organismos competentes por cualquier cuestionamiento relacionado con su
gestión, pero insistió en que las acusaciones deben contar con sustento
verificable.

“Quien tenga pruebas de una irregularidad,
que las lleve ante los entes competentes; allí responderé”, expresó.

Su posición plantea una distinción
importante en el debate público: los funcionarios están sujetos al escrutinio
ciudadano, al control político y a las investigaciones periodísticas, pero las
afirmaciones sobre posibles irregularidades deben examinarse con rigor y no
presentarse como hechos probados cuando no lo están.

También pidió a los medios de comunicación
y a los ciudadanos evitar la reproducción de los contenidos que la cuestionan,
para no amplificar los ataques mientras avanzan las actuaciones
correspondientes.

Violencia contra las mujeres que ejercen el
poder

Más allá de la disputa entre la mandataria
y quien difundió los videos, el pronunciamiento puso sobre la mesa una
discusión sobre las barreras que pueden enfrentar las mujeres en la vida
pública. La mandataria departamental afirmó que los ataques contra su intimidad
no deben convertirse en herramientas para cuestionar su legitimidad ni para
desviar la atención de su trabajo institucional.

“A las mujeres que abren camino en
escenarios donde históricamente se nos ha cuestionado más por lo que somos que
por lo que hacemos, les digo: no permitamos que la violencia verbal, los
prejuicios ni los ataques contra nuestra intimidad nos hagan retroceder”,
señaló.

En ese contexto, la gobernadora insistió en
que su vida privada no debería utilizarse para desacreditar su desempeño y
afirmó que se tipo de situaciones deben darse mediante argumentos, pruebas y
mecanismos institucionales.

“Cada ataque que se normaliza desincentiva
la participación de todas las demás”, advirtió, al señalar que las agresiones
contra una mujer que ejerce un cargo de poder también pueden enviar un mensaje
intimidatorio a quienes consideran participar en política.

 “No
voy a detener mi trabajo por el Chocó”

Córdoba cerró su pronunciamiento con un
mensaje sobre la continuidad de su gestión y el ambiente de confrontación que,
a su juicio, se ha trasladado a las redes sociales. “De ninguna manera voy a
amedrentarme, ni a detener mi trabajo por el Chocó”, aclaró.

Por ahora, las acusaciones formuladas en
las publicaciones no deben darse por probadas. Será la justicia la que
determine el alcance de las denuncias y las eventuales responsabilidades.
Córdoba, por su parte, sostiene que continuará ejerciendo sus funciones
mientras avanzan los procedimientos.