Del total entregado, $7.700 millones
correspondieron a indemnizaciones judiciales ordenadas en procesos de Justicia
y Paz, mientras más de $2.577 millones se destinaron a reparaciones
administrativas. Entre las beneficiarias hay personas que destinarán las
indemnizaciones a ampliar sus negocios y consolidar iniciativas productivas
para mejorar los ingresos de sus hogares.

 Un total de 555 víctimas del conflicto
armado recibieron indemnizaciones judiciales y administrativas en Santa Marta.

La reparación económica a las víctimas del
conflicto armado avanzó en Santa Marta con la entrega y notificación de 555
indemnizaciones que superaron los $10.277 millones. Los recursos fueron
destinados a personas afectadas por la violencia, como parte de las medidas de
reparación judicial y administrativa que buscan contribuir a la recuperación de
sus proyectos de vida.

La jornada fue encabezada por la directora
general de la Unidad para las Víctimas, Jensy Johana Osorio Porras, quien
destacó la importancia de cumplir con las medidas de reparación y atender a
quienes han esperado durante años el reconocimiento de sus derechos.

La funcionaria señaló que el objetivo es
que los recursos recibidos ayuden a mejorar las condiciones de vida de las
víctimas y les permitan impulsar iniciativas económicas para su sostenimiento y
el de sus familias.

REPARACIÓN POR VÍA JUDICIAL

Del total de los recursos entregados,
$7.700 millones correspondieron a 287 medidas de indemnización judicial
ordenadas en procesos de Justicia y Paz contra los postulados condenados Miguel
Ramón Posada, Salvatore Mancuso, Jorge Alberto García Rueda y Arnubio Triana
Mahecha.

Para cumplir con estas decisiones
judiciales, el Fondo para la Reparación de las Víctimas administró y
comercializó bienes de los responsables e incorporó recursos provenientes del
Presupuesto General de la Nación.

De las 287 medidas judiciales notificadas,
seis fueron financiadas con activos vinculados a las Autodefensas Campesinas de
Puerto Boyacá, en cumplimiento de sentencias contra Arnubio Triana Mahecha y
Jorge Alberto García Rueda. Las 281 restantes se cubrieron con recursos
nacionales, bajo la modalidad de pagos parciales de los valores reconocidos en
los fallos.

Entre las personas beneficiadas, una de las
receptoras de indemnización judicial manifestó que destinará el dinero a
fortalecer un emprendimiento relacionado con un centro de atención, laboratorio
y servicios de odontología. Según indicó, el aporte llegó en un momento
oportuno para avanzar en la consolidación de su iniciativa económica.

OCHO MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La jornada también incluyó 268
indemnizaciones administrativas, por un valor superior a los $2.577 millones,
entregadas mediante cartas cheque a víctimas residentes en Santa Marta y otros
siete municipios del Magdalena.

Santa Marta registró 87 entregas, seguida
de Aracataca, con 66, y Ciénaga, con 38. También fueron beneficiadas personas de
Ariguaní, Pivijay, Sabanas de San Ángel, Zona Bananera y Cerro de San Antonio.

Los recursos permitirán a las personas
indemnizadas atender necesidades familiares, desarrollar proyectos personales y
fortalecer actividades productivas, de acuerdo con sus prioridades.

Una de las beneficiarias explicó que
utilizará el dinero para ampliar el negocio de meriendas que funciona en su
vivienda, denominado ‘Meriendas Peracas’. Con este apoyo espera mejorar sus
ingresos y generar mejores condiciones económicas para su familia.

CONTINÚAN LAS ENTREGAS

La actividad desarrollada en Santa Marta
hace parte de las jornadas de reparación que la Unidad para las Víctimas ha
adelantado en diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Boyacá, Chocó,
La Guajira, Magdalena Medio, Nariño, Tolima y Putumayo.

La entidad anunció que continuará con
encuentros de notificación y entrega de indemnizaciones en ciudades como
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín, con el propósito de avanzar en el
cumplimiento de las medidas de reparación dirigidas a la población afectada por
el conflicto armado.

Con estas entregas, las personas
beneficiadas podrán destinar los recursos a sus necesidades familiares y
proyectos productivos, mientras continúa el proceso de reconocimiento y
reparación económica por los daños sufridos durante la violencia.