¡Chadán Rosado ataca a Atesa: exige suspender el contrato y la lleva a la Fiscalía por incumplimientos!
Durante la audiencia pública convocada por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el congresista anunció acciones judiciales por presuntos incumplimientos del operador. La solicitud se suma a las quejas ciudadanas y a una multa de $220 millones impuesta por Essmar.
Chadán Rosado pide suspender el contrato de Atesa y anuncia denuncia ante la Fiscalía en Santa Marta
Durante la audiencia pública convocada por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el congresista anunció acciones judiciales por presuntos incumplimientos del operador. La solicitud se suma a las quejas ciudadanas y a una multa de $220 millones impuesta por Essmar.
Santa Marta atraviesa una crisis de aseo que mantiene inconformes a sus habitantes. La acumulación de residuos, las quejas por las rutas de recolección y los cuestionamientos al servicio llevaron la discusión hasta la Universidad Antonio Nariño, escenario de una audiencia pública realizada este viernes 23 de octubre para examinar la situación y buscar respuestas de las entidades responsables.
En ese espacio, convocado por iniciativa del representante a la Cámara Felipe Hernández, el congresista Chadán Rosado Taylor anunció que inició una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Atesa por presuntos incumplimientos de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación del servicio.
Rosado solicitó que se evalúe la suspensión del contrato antes de su fecha de terminación, prevista para marzo de 2027. También pidió que la actuación sea trasladada a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, e invitó a las veedurías ciudadanas a sumarse al ejercicio de control.
El pronunciamiento puso sobre la mesa una de las principales preocupaciones de los samarios: determinar si el operador está cumpliendo sus obligaciones y qué medidas pueden adoptar las autoridades para garantizar un servicio eficiente.
Una multa de $220 millones aumenta la presión sobre Atesa
Los cuestionamientos al operador tienen antecedentes recientes. El 20 de octubre, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) informó sobre una multa de $220.061.403 por incumplimientos parciales relacionados con el contrato 007 de 1993.
De acuerdo con los informes de supervisión e interventoría citados por la entidad, se documentaron 18 casos de presunto incumplimiento. Entre ellos aparecen deficiencias en las labores de recolección durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, además de dificultades en varias rutas del servicio.
La sanción representa un antecedente administrativo relevante en medio de las reclamaciones ciudadanas. No obstante, la denuncia anunciada por Rosado deberá seguir su trámite y las autoridades competentes tendrán que determinar las responsabilidades que correspondan.
Palangana y el futuro del servicio, en el centro de la discusión
La audiencia pública también abordó el futuro del relleno sanitario de Palangana y las decisiones que deberá tomar Santa Marta ante la terminación prevista de la concesión en marzo de 2027.
Durante el encuentro, veedores ciudadanos y representantes institucionales expusieron inquietudes sobre la capacidad de disposición final de residuos, la información disponible para dimensionar la crisis y las alternativas que deben evaluarse para garantizar la continuidad del servicio.
La discusión exige respuestas oportunas sobre el modelo que asumirá la ciudad, las condiciones de operación y las medidas para evitar que una transición contractual afecte a los usuarios.
Los samarios esperan soluciones concretas
La audiencia convocó a congresistas, autoridades, entidades públicas, líderes comunitarios y veedores ciudadanos. El objetivo es que las denuncias y los cuestionamientos se traduzcan en compromisos verificables, responsables identificados y plazos de cumplimiento.
Chadán Rosado anunció su actuación ante la Fiscalía y pidió revisar la continuidad del contrato de Atesa. Ahora corresponde a las autoridades competentes examinar los hechos, determinar si procede adoptar medidas y establecer las responsabilidades a que haya lugar.
La crisis no se resuelve únicamente con anuncios ni con sanciones económicas. Los habitantes necesitan rutas cumplidas, recolección oportuna, espacios públicos limpios y claridad sobre el futuro del servicio de aseo.
Santa Marta necesita saber qué decisiones se tomarán antes de marzo de 2027 y quién responderá por los resultados. Esa es la expectativa que deja la audiencia pública: que el debate institucional se traduzca en mejoras visibles para los barrios y las calles de la ciudad.