Santa Marta concentra el mayor número de detenidos
en estaciones policiales, con 168 personas, seguida de Fundación, con 120.

La falta de capacidad en el sistema
penitenciario continúa generando una fuerte presión sobre las estaciones de
Policía del Magdalena. Actualmente, 575 personas privadas de la libertad
permanecen en instalaciones policiales de diferentes municipios, una situación
que pone en evidencia las dificultades para garantizar espacios adecuados de
reclusión y que obliga a las autoridades a buscar soluciones conjuntas para
atender una problemática que no puede seguir recayendo sobre la Fuerza Pública.

El panorama exige decisiones
administrativas, compromisos presupuestales y coordinación entre las alcaldías,
el Gobierno Departamental y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC). La permanencia prolongada de detenidos en las estaciones no solamente
genera dificultades de infraestructura y logística, sino que compromete la
disponibilidad de los uniformados para desarrollar sus labores de vigilancia,
prevención del delito y atención de los requerimientos ciudadanos.

La preocupación radica en que las
estaciones de Policía no son cárceles ni fueron construidas para asumir las
funciones de los establecimientos penitenciarios. Su destinación es garantizar
la seguridad y la convivencia ciudadana, mientras que la atención integral y la
reclusión de la población privada de la libertad requieren condiciones
especializadas, personal, servicios y espacios adecuados.

SANTA MARTA CON 168 DETENIDOS Y FUNDACIÓN 120

El consolidado departamental muestra que la
mayor concentración se encuentra en Santa Marta, donde permanecen 168 personas
privadas de la libertad en estaciones de Policía. Le sigue Fundación, con 120;
El Banco, con 53; Ciénaga, con 44; Zona Bananera, con 42; Aracataca y Plato,
con 27 cada uno, y Pivijay, con 21.

En los demás municipios también se reportan
personas bajo custodia policial: Pijiño del Carmen registra 12; Santa Ana, 11;
Ariguaní, siete; Sitionuevo, seis; Nueva Granada y Puebloviejo, cinco cada uno;
Tenerife y San Sebastián, cuatro respectivamente; Salamina, Cerro de San
Antonio, Remolino y San Zenón, tres cada uno; El Piñón, Chibolo y Santa Bárbara
de Pinto, dos cada uno, y Guamal, una.

La distribución evidencia que el problema
tiene alcance departamental y que las soluciones deben construirse teniendo en
cuenta las particularidades de cada municipio, la situación jurídica de los detenidos
y la disponibilidad de establecimientos penitenciarios que puedan recibirlos.

LA POLICÍA NO PUEDE SEGUIR ASUMIENDO FUNCIONES CARCELARIAS

Uno de los puntos centrales de esta
problemática es la sobrecarga que representa para la Policía mantener bajo
custodia a un número considerable de personas durante periodos prolongados. Los
uniformados deben responder por la vigilancia de los detenidos, los
desplazamientos para diligencias judiciales y médicas, además de las
necesidades de seguridad que implica mantener personas privadas de la libertad
en instalaciones que no tienen las condiciones propias de una cárcel.

Esta situación termina afectando la
capacidad de respuesta institucional, porque el personal que debería estar
concentrado en labores de prevención, patrullaje y control debe atender también
las exigencias derivadas de la custodia permanente.

Por eso, la solución no puede limitarse a
pedirle a la Policía que amplíe sus capacidades o mantenga indefinidamente a
los detenidos en las estaciones. Se necesita que las autoridades con
responsabilidades legales en materia carcelaria asuman los compromisos
correspondientes y que el sistema penitenciario disponga de mecanismos
efectivos para recibir a esta población.

CONVENIOS CON EL INPEC

Entre las alternativas que se vienen
gestionando está la celebración de convenios con el INPEC, una herramienta que
permite articular las capacidades de las entidades territoriales con la
infraestructura y los servicios del sistema penitenciario nacional.

La Ley 65 de 1993, en sus artículos 17, 18
y 19, establece responsabilidades de los departamentos y municipios frente a la
atención de las personas detenidas preventivamente y contempla mecanismos de
cooperación con el Gobierno Nacional y el INPEC. En ese marco, los convenios
deben establecer las condiciones para la recepción de personas privadas de la
libertad, la disponibilidad de cupos y los compromisos económicos y
administrativos de las partes.

Estos acuerdos requieren definir con
claridad quién asume los costos de alimentación, servicios públicos,
mantenimiento, dotación y demás necesidades de sostenimiento, así como las
condiciones de vigilancia, traslado y atención de los internos. La
disponibilidad de cupos y la capacidad real de los establecimientos también son
determinantes para que los acuerdos puedan materializarse.

Por esta razón, se ha solicitado a las
autoridades municipales explorar alternativas y avanzar en las gestiones
necesarias para formalizar acuerdos que permitan atender la situación de las
personas detenidas en sus respectivas jurisdicciones. La corresponsabilidad de
las alcaldías es fundamental para que la búsqueda de soluciones no se quede únicamente
en solicitudes de traslado, sino que se traduzca en compromisos concretos y
recursos destinados a enfrentar el hacinamiento.

CÁRCEL RENACER UNA ALTERNATIVA

Dentro de las posibilidades que se
contemplan para contribuir a la descongestión del sistema penitenciario se
encuentra el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional Renacer, ubicado
en Sabanas de San Ángel. Esta infraestructura representa una alternativa para
ampliar la capacidad de reclusión en el departamento y avanzar en la atención
de la problemática.

El establecimiento tiene una capacidad
proyectada cercana a los 2.000 internos y su puesta en funcionamiento requiere
completar los procedimientos de infraestructura, dotación, seguridad y
operación correspondientes, así como la articulación entre el Ministerio de
Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el
INPEC.

La posibilidad de contar con Renacer
permitiría disponer de una nueva infraestructura penitenciaria en el Magdalena,
pero su entrada en funcionamiento no significa que las 575 personas que hoy
permanecen en las estaciones de Policía serán trasladadas allí. Se trata de una
alternativa dentro de las diferentes acciones que deben adelantarse para
atender el hacinamiento, cuya utilización dependerá de los cupos habilitados,
las condiciones de recepción y la programación que establezca el INPEC.

RESPUESTAS CONJUNTAS

El desafío para el Magdalena consiste en
pasar de las gestiones institucionales a soluciones que permitan reducir
efectivamente la cantidad de personas detenidas en las estaciones de Policía.
Esto implica que las administraciones municipales revisen sus obligaciones, que
se concreten los convenios con el INPEC y que el Gobierno Nacional avance en
las alternativas de infraestructura penitenciaria.

Mientras se materializan estas acciones, la
Policía continúa enfrentando una carga adicional que afecta sus capacidades
operativas y las condiciones de funcionamiento de sus estaciones. Por ello, el
hacinamiento no puede entenderse únicamente como un asunto carcelario: también
tiene repercusiones directas sobre la seguridad ciudadana y la capacidad de
respuesta de la Fuerza Pública.

La meta es que las estaciones recuperen su
función, que los detenidos cuenten con condiciones adecuadas de reclusión y que
cada autoridad responda por las competencias que le corresponden.