El proyecto de la Ley de Sometimiento ya
quedó oficializado con la firma que realizó ayer miércoles, 4 de noviembre, en
la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella en el término legal
correspondiente.

La sanción presidencial, de esta forma, oficializa
la entrada en vigencia de ley 2640, que tiene como objeto “definir la política
estatal para dotar al Estado colombiano de instrumentos jurídicos para el
restablecimiento y mantenimiento del orden público, la protección de la
población civil, la transformación territorial integral y el desmantelamiento
de Actores Armados Ilegales o Terroristas que afecten la seguridad, la
convivencia y los derechos de los colombianos“.

El documento, además, quedó firmado por el
presidente del Senado, Honorio Enríquez; de la Cámara, Nicolás Barguil; así
como por los ministros de Justicia, Iván Cancino; y del Interior, Alejandro
Ordóñez, quien fue posesionado este miércoles.

Después de la firma presidencial, el acto
será publicado en el Diario oficial, y de esta manera, la ley 2640 comenzará a
regir y se convierte, oficialmente, como de obligatorio cumplimiento a partir
del momento que la norma dispone.

La Ley de Sometimiento descarta
completamente las negociaciones y diálogos de carácter político con
organizaciones criminales y narcoterroristas, es decir todo lo que integraba la
denominada “Paz total” de la administración de Gustavo Petro.

Además, establece un tratamiento penal
diferenciado para quienes se sometan a la justicia, por ejemplo para los
integrantes de base dispone de una reducción de hasta el 50% de la pena, y para
Cabecillas y mandos, una reducción de hasta el 30% de la pena, con un
cumplimiento mínimo de 10 años de prisión efectiva. Sin embargo, el Gobierno
exige que para acceder a los beneficios, los sometidos deberán entregar las
armas, suministrar información para el desmantelamiento de las estructuras,
entregar también los bienes ilícitos y liberar a los secuestrados.

También, contempla la suspensión de la
ejecución de la pena durante los primeros 180 días para los integrantes que
busquen colaborar con la justicia.

Además, el Gobierno otorga un día de rebaja
por cada día de trabajo en desminado, erradicación manual o justicia
restaurativa.

La Ley de Sometimiento también incluye
restricciones para las organizaciones que recluten menores de edad: los
beneficios disminuyen con un máximo 10 por ciento para mandos y 30 por ciento
para otros miembros, con un cumplimiento mínimo de 10 años en prisión.