La
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha estado en el centro del debate en
los últimos meses. Su funcionamiento, los tiempos de los procesos, la
reparación de las víctimas y el alcance de las sanciones han generado
cuestionamientos entre distintos sectores políticos y de la sociedad. A esto se
suma una discusión recurrente sobre los recursos destinados a la entidad y las
críticas de congresistas que han cuestionado el tamaño de su presupuesto y el
uso de esos recursos.

Ahora, la
discusión presupuestal tendrá consecuencias concretas para su funcionamiento.
El recorte de $181.402 millones aprobado para la JEP en el Presupuesto General
de la Nación de 2027 obligó a la entidad a adoptar medidas de austeridad que
modificarán su operación, sus espacios de trabajo y parte de los servicios que
presta.

Así lo
explicó el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, en
entrevista con La FM, en la que anunció tres decisiones: el traslado de la sede
actual a un edificio más pequeño, la reducción de los esquemas de seguridad y
el recorte del 85 % de los contratos de prestación de servicios.

El
magistrado reconoció que los ajustes tendrán efectos en la manera en que
trabaja la jurisdicción y que será necesario reorganizar su planta de personal
para intentar responder a las necesidades que dejarán los contratos que no
serán renovados.

JEP dejará
su actual sede y tendrá que priorizar la virtualidad

La primera
medida anunciada por Rojas es el traslado de la sede que la JEP ocupa desde
2018. El edificio actual tiene una extensión de 15.000 metros cuadrados, pero
la entidad pasará a uno de aproximadamente 4.200 metros cuadrados. Según el presidente,
esta decisión representaría un ahorro cercano a los $26.000 millones.

El cambio,
sin embargo, no se limita a una reducción del espacio físico. La nueva sede no
tendrá capacidad para recibir simultáneamente a los cerca de 1.400 funcionarios
de la entidad y al número de contratistas que trabajan con ella. Por esa razón,
la virtualidad pasará a ser la regla y se implementarán turnos rotativos de
asistencia.

Rojas
explicó que el ajuste modificará directamente el modelo de trabajo de la
jurisdicción

“Esta
decisión que se nos impone por el decreto de presupuesto comporta
necesariamente una variante en el modelo de trabajo de la JEP, y es que
pondremos como regla entonces la virtualidad, como en algunas partes de la rama
judicial se ha hecho, pero aquí va a ser como regla porque no hay otra opción.
Y la segunda consecuencia de esta mudanza es que necesariamente tenemos que
hacer un trabajo rotativo, porque en un espacio tan reducido es imposible que
todos los funcionarios de la JEP, 1.400 aproximadamente, más un número
importante de contratistas, se puedan asentar”.

JEP
reducirá esquemas de seguridad de magistrados y funcionarios

La segunda
decisión está relacionada con los esquemas de protección. Rojas señaló que los
magistrados que cuentan con medidas especiales de seguridad también tendrán que
ajustarlas como parte del plan de austeridad.

El
presidente afirmó que actualmente no tiene escolta y explicó que otros
magistrados reducirán sus esquemas. Además, anunció que 17 fiscales de la
Unidad de Investigación y Acusación (UIA) entregarán sus medidas de seguridad,
incluidos los vehículos asignados. El secretario ejecutivo de la jurisdicción
también hará lo propio.

Esta
decisión representaría un ahorro aproximado de $37.000 millones. Sin embargo,
el magistrado identificó otro aspecto de la protección que le genera especial
preocupación: la seguridad de testigos, víctimas y comparecientes.

Sobre este
punto, pidió al Gobierno nacional asumir la responsabilidad correspondiente,
pues, según explicó, la normativa establece que esa protección le compete al
Ejecutivo.

“La parte
más difícil, dolorosa de esta reducción es que tenemos que hacer algo semejante
con la protección de testigos, de víctimas y comparecientes. Por eso, en este
punto le estamos pidiendo de inmediato al Gobierno nacional que asuma la
responsabilidad, porque esa es una responsabilidad que corresponde, de acuerdo
con la normativa, en todo caso al Gobierno”.

JEP
reducirá el 85 % de sus contratos de prestación de servicios

La tercera
medida es una de las que puede tener mayores efectos en la operación cotidiana
de la JEP. Rojas confirmó que la entidad reducirá en un 85 % los contratos de
prestación de servicios, que terminarán al cierre de 2026 y no serán renovados.
El ahorro estimado por esta decisión es de $85.000 millones.

El
presidente explicó que buena parte de esa contratación estaba destinada a
respaldar la defensa técnica de los comparecientes, es decir, los abogados que
necesitan las personas sometidas a la jurisdicción para participar en los
procesos judiciales.

La
dimensión del desafío se entiende al revisar las cifras entregadas por el
propio magistrado: la JEP tiene alrededor de 17.000 comparecientes y una
defensoría pública interna con no más de 30 funcionarios. Por eso, una parte
importante de esa labor se apoyaba en abogados contratados por prestación de
servicios.

Pero la
defensa jurídica no es el único frente que se verá afectado. Los contratos
también respaldaban la atención psicosocial de las víctimas durante las
audiencias de reconciliación y restauración, en las que participan
profesionales como psicólogos, psicoanalistas y trabajadores sociales.

La
reducción de estos equipos obligará a la entidad a reorganizar sus recursos
humanos para intentar cubrir las funciones que venían desempeñando los
contratistas. Rojas aseguró que la JEP no puede abandonar esos procesos ni
dejar sin defensa técnica a quienes comparecen ante la jurisdicción.

“Eso se va
a ver reducido, entonces eso nos impone una modificación de la planta de
personal para poder suplir el vacío que dejan los contratistas. Nosotros no
podemos abandonar el proceso de reconciliación y restauración que se hacen con
ocasión de estas audiencias y, por supuesto, no podemos tampoco dejar el vacío
grave que queda de la defensa pública, de la defensa técnica, de los abogados,
porque no hay proceso penal posible sin el abogado”.

El
magistrado agregó que la entidad tendrá que reordenar sus cargos y buscar un
equilibrio presupuestal para el próximo año. También anunció que acudirá al
Congreso, al Gobierno y a otros actores relevantes para plantear la necesidad
de recuperar los recursos que permitan garantizar el funcionamiento de la
jurisdicción.

Recortes
llegan en un momento clave para los procesos de la JEP

Uno de los
puntos más relevantes de la entrevista fue la advertencia de Rojas sobre el
momento en que llegan las restricciones presupuestales. Según explicó, la
jurisdicción atraviesa una etapa de alta productividad, después de varios años
de investigación, análisis y contrastación de información sobre los hechos
relacionados con el conflicto armado.

El
presidente señaló que, antes del 15 de diciembre, la JEP espera producir los
autos de determinación de hechos y conductas relacionados con los macrocasos,
decisiones que contienen las imputaciones correspondientes. Además, anticipó
que durante 2027 se espera la expedición de resoluciones de conclusiones y el
inicio de los juicios.

Por eso,
advirtió que la entidad tendrá que responder a una mayor carga de trabajo con
menos recursos económicos y humanos.

“Estamos en
el momento de mayor productividad luego de un proceso de análisis, de
investigación, de contrastación de todos estos años, llega el momento como de
mayor producción para efectos de los juicios y es en donde más se necesita el
recurso presupuestal, el recurso humano”, explicó Rojas.

En ese
contexto, resumió el desafío que enfrenta la jurisdicción: “Nos vemos abocados
a hacer más con menos, menos tiempo porque se acorta el tiempo y menos
presupuesto”.

Danilo
Rojas defendió el modelo de justicia restaurativa de la JEP

Durante la
entrevista, el presidente también respondió a los cuestionamientos sobre la
lentitud de los procesos y la expectativa de las víctimas frente a las
decisiones judiciales. Rojas sostuvo que los resultados de la JEP no deben
medirse únicamente por la cantidad de sentencias, pues el modelo de justicia
transicional contempla procedimientos de reconocimiento, diálogo y acercamiento
entre víctimas y responsables.

El
magistrado destacó especialmente las audiencias en las que víctimas y
comparecientes se encuentran para abordar hechos graves como torturas,
secuestros, falsos positivos y reclutamiento.

“Una cosa
es lo que se acordó en La Habana, lo que desarrolló en las reformas
constitucionales, lo que elaboró la Corte, y otra cosa es la práctica. En donde
yo creo que el modelo de justicia particularmente tiene una primera parte que
es muy sustancial, pero que no es tan visible, porque todo el mundo está
esperando los resultados en términos de sentencias como si fuera, digamos, una
justicia tradicional, que se mide cuantitativamente el resultado o la celeridad
de una institución en función de los resultados tipo sentencia o decisiones
finales”.

Y agregó
que uno de los resultados que considera más importantes es el acercamiento
entre quienes sufrieron los hechos y quienes comparecen ante la jurisdicción:

“Aquí hay
que resaltar particularmente el procedimiento para llegar a ese resultado, en
donde ese procedimiento es el acercamiento difícil, tremendamente difícil,
entre una víctima y un victimario para hablar de algo irreconciliable, como es
una grave violación a derechos humanos, torturas, secuestros, falsos positivos,
reclutamiento, y lograr, sin embargo, que ese es el gran triunfo de la JEP realmente
en estos años, que se pueda mirar cara a cara humanamente una víctima y un
victimario”.

Sobre la
reparación, Rojas afirmó que la entidad hace seguimiento a los trabajos
derivados de las primeras sentencias y que las personas sancionadas permanecen
bajo restricciones de libertad monitoreadas por la JEP. También sostuvo que las
reglas de ese modelo fueron establecidas en el acuerdo de paz y desarrolladas
mediante reformas constitucionales, con el aval de la Corte Constitucional.

Finalmente,
el presidente insistió en que los ajustes presupuestales no pueden traducirse
en el abandono de las funciones centrales de la jurisdicción. Por eso, además
de implementar las medidas anunciadas, buscará que el Gobierno y el Congreso
revisen la disponibilidad de recursos para 2027.

/la fm