El gobierno les prohibió a los
interventores de las EPS tener contacto con el médico Mario Urán.

 Mario Urán es un nombre que a muchos
colombianos no les dirá nada, pero desde este jueves está en el centro de los
cuestionamientos, luego de que el presidente le prohibió a los interventores de
las EPS tener reuniones, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de
interlocución con él, a quien llamó el “siniestro”.

El mandatario advirtió que se acaban las
mafias y la corrupción en el sistema de salud, agregando que «Quien
incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones”.

A través de su cuenta oficial, el
presidente insistió en que mantendrá su vigilancia en el sistema de salud para
que «no se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos. Los
recursos son sagrados”.

QUIEN ES MARIO URÁN

El nombre de Mario Andrés Urán ha desfilado
por los pasillos de los últimos superintendentes de salud durante el gobierno
Petro, desde Luis Carlos Leal hasta el exalcalde Daniel Quintero.

Urán es médico cirujano de 54 años nacido
en Medellín, pero criado en la costa Caribe. Ha sido un lobista y ha estado
vinculado a empresas del sector de la salud, con varias denuncias en su contra.

En su momento, Leal señaló a Urán de ser el
hombre detrás de una red de corrupción que direccionaba contratos de EPS
intervenidas, a través de su cargo como asesor en la EPS Coosalud.

En ese momento, se dijo que Urán, al
parecer, habría accedido a información crítica para acceder a fondos de las
empresas Coosalud, Servicio occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS
para desviarlos a paraísos fiscales.

El nombre de Urán volvió a salir cuando
Daniel Quintero llegó a la Supersalud y lo denunció por su responsabilidad en
un contrato irregular de 180.000 millones de pesos para la empresa Papeles
Aurora a través de la EPS SOS.

Para lograr este desvío, se habrían creado
“oficinas paralelas de contratación”, en donde la auditoría forense encontró
que el mismo patrón se repitió con otras firmas como Efeso y Grief Services.

Además, se detectó que recursos que solo deben
usarse para atender pacientes, fueron usados ilegalmente para garantizar
créditos bancarios que terminaron beneficiando a socios privados.

En su momento, el superintendente denunció
que el sistema pagó 1.4 billones de pesos por supuestos servicios prestados a
más de 308.000 personas que ya habían fallecido./Colprensa