¡El Distrito se lava las manos! En el barrio 20 de Octubre, ¿quién responde si la socavación termina en tragedia?
La Alcaldía de Santa Marta señala a la Concesión Santa Marta–Paraguachón como responsable del mantenimiento del puente, pero la Ley 1523 también establece obligaciones para el alcalde frente a la gestión del riesgo. Los habitantes necesitan respuestas y medidas de protección, no solamente oficios entre entidades.
La socavación en el puente del barrio 20 de Octubre, sobre la Troncal del Caribe, abrió una discusión que va mucho más allá del mantenimiento de una estructura: ¿quién responde por la seguridad de los habitantes si el deterioro termina provocando una emergencia?
La Alcaldía de Santa Marta, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc), realizó una inspección y anunció que requeriría a Invías y a la Concesión Santa Marta–Paraguachón para exigir una intervención.
La explicación de la administración distrital es que se trata de una infraestructura nacional cuyo mantenimiento corresponde al concesionario. Sin embargo, esa respuesta deja una inquietud: ¿el Distrito puede limitar su actuación a identificar al responsable de reparar el puente mientras la comunidad espera garantías de seguridad?
La Alcaldía reconoce que no es su competencia directa
Claudia Patricia Aarón, jefa de la Ogricc, explicó la posición de la administración y aseguró que estarán pendientes de las actuaciones de las entidades responsables.
«Aunque esta no es una competencia directa de la administración distrital, no somos ajenos a la preocupación de la comunidad. Por eso hemos hecho presencia en el lugar, verificamos las condiciones y estaremos vigilantes para que las entidades responsables cumplan con sus obligaciones de manera inmediata», manifestó la funcionaria.
La declaración deja claro que el Distrito reconoce que el mantenimiento no está directamente bajo su responsabilidad, pero también plantea un compromiso de seguimiento que debe traducirse en actuaciones concretas.
La Ley 1523 también compromete al alcalde
El artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 establece que los alcaldes son responsables directos de implementar los procesos de gestión del riesgo en sus territorios.
Esto implica que Carlos Pinedo Cuello debe garantizar, dentro de sus competencias, la evaluación de las amenazas, la coordinación de medidas preventivas y la protección de la población ante posibles emergencias.
La concesión debe responder por sus obligaciones de mantenimiento, mientras que la ANI debe vigilar el cumplimiento contractual. Pero la responsabilidad de proteger a los habitantes no desaparece para la administración distrital porque el puente pertenezca a una vía nacional.
¿Qué están haciendo para evitar una emergencia?
La comunidad necesita conocer el diagnóstico técnico de la estructura, el nivel de afectación del terreno y las medidas que se adoptarán mientras se ejecutan las reparaciones.
También es necesario establecer si se requieren restricciones de circulación, señalización especial, aislamiento de zonas comprometidas o alguna otra medida preventiva.
El debate no puede quedarse en un cruce de comunicaciones entre la Alcaldía, Invías y la concesión. Los ciudadanos necesitan saber quién está vigilando el riesgo y qué acciones se están tomando para evitar que la situación empeore.
La pregunta para la administración de Carlos Pinedo es directa: si la responsabilidad del mantenimiento es de la concesión, ¿qué medidas concretas está adoptando el Distrito para garantizar que los habitantes de 20 de Octubre no queden expuestos a una tragedia?