También fueron acusados por uso de menores
para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material
probatorio y soborno a testigo en la actuación penal.

La Fiscalía acusó de manera formal ante un
juez de conocimiento de Bogotá a los cinco presuntos responsables de los actos
de tortura previos al homicidio del joven Juan Felipe Rincón, hijo del
exdirector de la Policía Nacional, general William Rincón, en hechos ocurridos
el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga en la localidad de Rafael
Uribe en el sur de Bogotá.

Los implicados están siendo procesados por
los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento
y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en la
actuación penal.

De acuerdo con los investigadores detrás de
esta plan criminal que terminó con la brutal golpiza del joven estuvieron Andrés
Camilo Sotelo Torres, Caterina Andrea Sotelo Torres, Jeimy Tatiana Vega López y
la adolescente de 16 años. Así como Juan Sebastián Ávila Ochoa y Solangi
Trujillo Débil.

Para la Fiscalía es claro que existió un
plan criminal orientado a causarle daño y una violencia excesiva que resultó
con la muerte del joven Juan Felipe Rincón.

La investigación de la Fiscalía esta
orientada a que no solamente atentaron contra la vida y la dignidad de Juan
Felipe Rincón, sino que lo torturaron y cometieron otras serie de delitos al
instrumentalizar a otras menores de edad.

El dictamen de Medicina Legal

En su momento, el informe de Medicina Legal
permitió detectar una docena de golpes con objetos contundentes en el cuerpo
del joven previo a haber recibido un impacto con proyectil de arma de fuego en
su tórax.

Con base en las pruebas se determinó que la
muerte del joven fue causada por trauma torácico por arma de fuego, pero
también sufrió golpes previos que generaron intenso dolor y sufrimiento. “La
agresión fue violenta y desproporcionada, dejando a la víctima en un estado de
indefensión”.

¡No se trató de una riña callejera!

Según el fiscal delegado los diferentes
pruebas permitieron determinar que no se trató de una riña callejera sino de un
ataque brutal tras un plan criminal.

“No fue una riña callejera, golpearon a la
víctima con objetos con tal violencia que un arma traumática se destruyó por la
fuerza con la que lo golpearon. Y en este caso, se indica cómo un objeto
diseñado para soportar un uso intensivo fue destrozado a golpes contra un
cuerpo humano”, indicó.

Así mismo, sostuvo que “esa duración y
ensañamiento, esa golpiza no cesó, ni siquiera cuando el escolta,
identificándose como Policía, realizó disparos de advertencia. Los agresores
continuaron golpeándolo. Eso revela que no sólo buscaban lesionar, sino
aniquilar simbólicamente a la víctima”, manifestó el fiscal delegado.