Tres meses
después del terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto, la Defensoría
del Pueblo advirtió que se siguen presentando problemas en la atención de las
víctimas, que no están pudiendo acceder a subsidios de arrendamiento, atención
de salud, educación y ayudas humanitarias, y en general todo lo que implica la
recuperación de las comunidades afectadas.

Según la entidad, el costo de la reconstrucción está desfinanciada en
alrededor de $50 billones y por el momento solo están claramente identificados
unos $8 billones, de los $58 billones que se calcula que podría costar toda la
reconstrucción.

«El costo estimado del proceso asciende a $58,29 billones, pero solamente
$8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados, mientras que
$50,08 billones permanecen como brecha por financiar», manifestó.

Según el Registro Único de Damnificados (RUD), hasta el pasado 3 de noviembre
se habían reportado como afectadas 363.791 familias y 776.119 personas.

Unas 104.049 viviendas están inhabitables, 19.149 fueron destruidas y 119.748
presentan daños.

334 personas fallecieron en el movimiento telúrico, 4.516 quedaron heridas y
102 permanecen desaparecidas.

La Defensoría detectó obstáculos para las personas que quieren registrarse como
damnificadas e inconsistencias en la clasificación de habitabilidad de las
viviendas, que dificultan contar con cifras más confiables sobre los daños
provocados por el terremoto.

En cuanto a la ayuda de los damnificados, la entidad encontró que el subsidio
de arrendamiento previsto, que es de $1.050.000 mensuales por un periodo de
tres meses, va a ser insuficiente pues se calcula que la reconstrucción puede
tardar entre 12 y 18 meses.

Tampoco hay viviendas suficientes, lo que ha llevado a algunas familias a
regresar a lugares que no tienen condiciones adecuadas de seguridad.

La atención en materia de salud sigue afectada por los efectos del terremoto
mientras que en materia de educación, pese a que el Ministerio de Educación
anunció que se había recuperado el servicio para todos los estudiantes
afectados, no todos los estudiantes han regresado a clases presenciales ni
cuentan con instalaciones seguras.

En el Valle del Cauca, hasta el 15 de octubre pasado, 69.106 de los 121.175
estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales.

Según la Defensoría, es importante superar la etapa de atención inmediata y
avanzar hacia soluciones sostenibles y especialmente asegurar la financiación
del plan de reconstrucción con recursos claros y cronogramas verificables.

/colprensa