Mientras
que en el Congreso aún no está lista la ponencia con la cual se podría dar la
primer discusión a la reforma tributaria o ley de salvamento, al gobierno
nacional se le sigue complicando el escenario para la votación de la misma.

Luego de la rotunda postura del Centro Democrático, que dijo que no
acompañará gravar la canasta familias más de lo que está y urgió hacer más
drástico el ajuste fiscal, este martes otro de los aliados del gobierno de
Abelardo De La Espriella, el Partido Liberal, que hace parte de la coalición de
gobierno, también se apartó de acompañar el proyecto de ley como fue radicado
hace ya dos semanas en el Congreso de la República.

En una declaración, los liberales señalaron que la ley “podría tener
preocupantes efectos sobre el costo de vida de los colombianos”, pero a la vez
sí destacan “la necesidad de atender las dificultades fiscales del país,
consideran que el ajuste debe examinarse desde sus efectos sobre los hogares,
la producción nacional y el comercio”.

Recuerdan que, como está el proyecto, tendrían IVA del 19% la sal, las
lentejas, los fríjoles, los garbanzos, el tomate, la cebolla, la zanahoria y
algunas frutas, así como el café tostado, el azúcar, las harinas, las pastas y
el chocolate de mesa, entre otros, como también los insumos agropecuarios como
fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas.

Para el partido de gobierno
“estos cambios podrían aumentar los costos de producción y trasladarse al
precio final de los alimentos, con consecuencias tanto para los productores
como para los consumidores”.

En cuanto a las modificaciones al impuesto sobre la cerveza y al gravamen de
las bebidas endulzadas, el liberalismo considera que “podrían reflejarse en los
precios al consumidor y en las ventas de las tiendas de barrio,
establecimientos que encuentran en la comercialización de estos productos una
parte de sus ingresos”.

En un claro mensaje al gobierno nacional, indican que es “necesario evaluar las
consecuencias de estas medidas sobre los pequeños comerciantes, distribuidores
y productores, sin desconocer los objetivos de salud pública asociados a la
tributación de las bebidas endulzadas”.

Y va más allá en lo que le dicen al gobierno de De La Espriella debe hacer, “el
Gobierno debe explicar cómo incidirían los nuevos gravámenes en el consumo, los
precios y la actividad comercial, así como establecer si los cambios propuestos
mantienen incentivos adecuados para reducir el contenido de azúcar de las
bebidas”.

Con respecto a la reducción de la tarifa general del impuesto de renta
empresarial, del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, el
Partido Liberal solicita “revisar las reducciones tributarias empresariales
antes de trasladar mayores cargas al consumo de los hogares. Los cálculos
preliminares elaborados a partir de la exposición de motivos del proyecto
indican que conservar la tributación vigente en materia de renta empresarial,
tributación mínima y patrimonio permitiría preservar aproximadamente $11
billones anuales, en promedio entre 2028 y 2030”.

Con respecto a la devolución del IVA a los más pobres, la colectividad que está
en la coalición, indica que el mismo está “condicionado por criterios de
focalización, información de facturación electrónica y límites de devolución.
Estas condiciones hacen necesario establecer si todos los hogares afectados
recibirían una compensación suficiente y oportuna, particularmente aquellos que
realizan sus compras en plazas de mercado, tiendas de barrio y establecimientos
con menor acceso a los sistemas de facturación electrónica”.

Finalmente reiteran que “la protección de los alimentos básicos debe examinarse
desde el tratamiento tributario de los productos y no depender exclusivamente
de devoluciones posteriores”, a la vez que anunciaron que durante el debate
presentarán las modificaciones que considere necesarias, acompañadas de sus
respectivos análisis jurídicos, económicos y fiscales.

“El ajuste fiscal debe responder a las necesidades del país con una
distribución equilibrada de las cargas tributarias, que tenga en cuenta la
capacidad de contribución de los distintos sectores y proteja las condiciones
de vida de los colombianos”, concluyen.

/colprensa