Amenazas, señalamientos y un catamarán destruido: la historia de Taximarino que sacude a Santa Marta
Juan Carlos Ospino denunció que su familia y sus empresas estaban bajo amenaza de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Después circularon acusaciones atribuidas a esa organización y ahora una embarcación de su compañía terminó destruida por un incendio.
En Santa Marta hay una historia que comenzó con una denuncia pública, tomó fuerza con la circulación de un documento atribuido a una organización armada ilegal y ahora tiene un nuevo episodio: un catamarán de Taximarino terminó destruido por un incendio en la Marina Internacional. Tres acontecimientos que, aunque todavía no tienen una conexión demostrada, han puesto bajo atención al empresario Juan Carlos Ospino y a una de las compañías vinculadas al transporte turístico marítimo de la ciudad.
La historia no se limita a una embarcación consumida por las llamas. Hay amenazas denunciadas, acusaciones que circulan alrededor de los negocios turísticos, reclamos de trabajadores de Playa Blanca y una investigación que deberá establecer qué ocurrió durante la madrugada del 10 de noviembre.
El primer episodio se conoció el pasado 29 de octubre, cuando Ospino intervino ante la Asamblea del Magdalena. El empresario, propietario de Taximarino y vinculado al Centro de Vida Marino, manifestó que su familia y sus compañías habían sido declaradas objetivo militar por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).
«En este momento la empresa Taximarino y Centro de Vida y la familia Ospina se han declarado objetivo militar de los bandidos», expresó ante los diputados.
La denuncia incluyó presuntas amenazas y extorsiones que, según el empresario, comprometían la seguridad de su entorno familiar y la continuidad de sus actividades comerciales. La situación generó preocupación porque no se trataba únicamente de un conflicto personal, también involucraba empresas relacionadas con el turismo y los servicios marítimos de Santa Marta.
El documento que puso más nombres sobre la mesa
Un día después de la denuncia comenzó a circular un panfleto fechado el 29 de octubre y atribuido a las Acsn. El documento contenía señalamientos contra Ospino relacionados con supuestos acuerdos económicos, presiones a comerciantes y disputas por el control de actividades turísticas en Playa Blanca y El Rodadero.
Entre las acusaciones aparecían presuntos pagos de dinero y supuestas gestiones para desplazar a pequeños operadores turísticos. También se mencionaban acuerdos económicos que, según los autores del documento, estarían relacionados con el manejo de negocios en esos sectores.
Pero hay una precisión fundamental: la autenticidad del panfleto no ha sido confirmada oficialmente y sus afirmaciones no constituyen hechos probados. Tampoco existe evidencia pública que permita establecer que el empresario haya celebrado los acuerdos que allí se describen.
El documento, sin embargo, puso sobre la mesa una controversia que ya tenía otros protagonistas: los trabajadores y pequeños prestadores de servicios turísticos de Playa Blanca.
Playa Blanca, otro capítulo de la controversia
Mientras Ospino denunciaba amenazas y extorsiones, varios trabajadores de Playa Blanca hicieron públicas sus inconformidades frente a actuaciones que atribuyen al empresario y a sus empresas.
Carperos, vendedores y trabajadores del sector manifestaron preocupación por posibles cambios en las condiciones de uso de los espacios que ocupan para desarrollar sus actividades económicas.
Omar Rico, quien aseguró llevar más de 25 años trabajando como carpero en Playa Blanca, expresó su temor frente a la posibilidad de perder el lugar del que obtiene sus ingresos.
José Luis Barrio, vendedor de bebidas que afirmó trabajar en el sector desde el año 2000, también cuestionó el cerramiento de un lote que, según su versión, utilizaban para desarrollar su actividad comercial.
A estas inconformidades se sumó el testimonio de Yihana, una trabajadora que manifestó preocupación por las intervenciones en la playa y cuestionó las autorizaciones de algunas obras.
Los testimonios fueron recogidos por medios locales y describen un conflicto relacionado con los espacios de trabajo, las instalaciones para carpas y las condiciones de permanencia de los pequeños operadores turísticos.
Aquí aparece otro elemento que merece investigación: determinar quién tiene derechos de uso sobre los terrenos y espacios intervenidos, qué autorizaciones existen para las obras y cuáles son las condiciones legales para desarrollar actividades comerciales en Playa Blanca.
Las quejas de los trabajadores no demuestran las acusaciones contenidas en el panfleto atribuido a las Acsn, así como tampoco prueban que exista alguna relación entre los comerciantes y la organización armada.
Se trata de asuntos que deben examinarse por separado, con documentos, testimonios y respuestas de las entidades competentes.
La versión del empresario y las acusaciones en su contra
Ospino ha sostenido que él y sus empresas son víctimas de amenazas y extorsiones. Su denuncia ante la Asamblea plantea un escenario de presión por parte de una estructura armada ilegal, una situación que requiere atención de las autoridades y garantías para su seguridad.
Por otra parte, los trabajadores de Playa Blanca han expresado inconformidades por actuaciones empresariales que, según sus testimonios, afectarían sus actividades económicas.
Son dos versiones que deben tener espacio en la investigación periodística. Para esclarecer el conflicto se necesitan respuestas sobre los permisos, la situación jurídica de los terrenos, las intervenciones realizadas y las denuncias presentadas ante las autoridades.
El equipo de Ospino informó a medios de comunicación que, por tratarse de un asunto delicado y relacionado con la seguridad, el empresario no entregaría nuevas declaraciones por el momento y que adelantaba las gestiones correspondientes ante las autoridades.
El incendio que cambió el rumbo de la historia
Cuando estos antecedentes todavía generaban interrogantes, durante la madrugada del martes 10 de noviembre se registró el incendio de una embarcación en la Marina Internacional de Santa Marta.
La emergencia involucró al catamarán Tayrona II, de servicio turístico y perteneciente a Taximarino.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta desplegó ocho unidades para controlar las llamas. Al llegar encontraron la embarcación envuelta en fuego y una situación que amenazaba con extenderse a otras dos naves que permanecían cerca.
La intervención permitió salvar las otras embarcaciones, mientras que el catamarán afectado sufrió graves daños materiales.
En el procedimiento participaron también unidades de la Policía Nacional, funcionarios de la SIJIN y personal de la Armada Nacional. La Dirección General Marítima confirmó que el caso fue reportado mediante el canal 16 de VHF marino y que se activaron los protocolos de atención con Guardacostas y la Capitanía de Puerto.
No hubo personas lesionadas.
La Dimar anunció investigaciones para establecer las circunstancias y las causas del incendio. Hasta ahora no existe una conclusión oficial que permita determinar si se trató de una falla técnica o de una acción deliberada.
¿Coincidencia, accidente o una amenaza que debe investigarse?
La pregunta que rodea este caso es inevitable: ¿existe alguna relación entre las amenazas denunciadas por Juan Carlos Ospino y el incendio que destruyó una embarcación de su empresa?
Por ahora no hay pruebas públicas que permitan responder afirmativamente. Tampoco se ha establecido que las Acsn hayan participado en el incendio o que este haya sido ordenado como represalia.
Sin embargo, los antecedentes hacen necesario que las autoridades examinen las circunstancias con especial atención. La revisión de las cámaras de seguridad, los análisis técnicos de la embarcación y las actuaciones judiciales relacionadas con las amenazas serán fundamentales para reconstruir lo sucedido.
También habrá que establecer si la denuncia del empresario recibió seguimiento institucional, qué medidas de protección fueron consideradas y si existen investigaciones sobre el documento atribuido a las Acsn.
El caso tiene una dimensión económica y social que tampoco debe quedar relegada. En Playa Blanca hay trabajadores que temen perder sus espacios de actividad, mientras que un empresario denuncia presiones de una estructura armada contra su familia y sus compañías.
En medio de esas versiones, el incendio del Tayrona II agregó un episodio que exige respuestas.
Santa Marta necesita conocer qué está ocurriendo alrededor de estas actividades turísticas, quiénes tienen responsabilidades en los conflictos denunciados y, especialmente, qué provocó el incendio de la embarcación.
Por ahora, el fuego destruyó un catamarán. La investigación tendrá que establecer si detrás de esa emergencia hubo únicamente un accidente o si existen otros hechos que todavía no han salido a la luz.