Jueces y fiscales protestan ayer en el
departamento del Magdalena contra el tijeretazo presupuestal y la Ley de
Rescate Económico. Asonal Judicial descartó por ahora un paro indefinido, pero
anunciaron nuevas movilizaciones para el 19 y 20 de noviembre.

Reuniones y concentraciones en diferentes
sedes judiciales de Santa Marta, los empleados de la Rama Judicial se sumaron
ayer martes a un cese de actividades de 24 horas convocado a nivel nacional por
Asonal Judicial, en protesta por la reducción del presupuesto destinado al
funcionamiento de la justicia para la vigencia 2027 propuesto por el Gobierno
Nacional.

La jornada se desarrolló mediante asambleas
informativas en los despachos del distrito judicial de Santa Marta y el
departamento del Magdalena. En la capital del Magdalena, los trabajadores se
concentraron en el edificio de los juzgados ‘Juan Benavides Macea’; en el
edificio Vives, donde funciona el Consejo Superior de la Judicatura, parte del
área administrativa, y en el Palacio de Justicia. También se sumaron
funcionarios de otras sedes judiciales, entre ellas los juzgados
administrativos y el Tribunal.

´LA TOGA EN PIE´

La jornada, llamada “La toga en pie”, fue
convocada por el Colegio de Jueces y Fiscales y por Asonal Judicial. Según la
invitación, el acto buscaba defender “a quienes sostenemos día a día la
administración de justicia”.

Se hizo en las entradas de las sedes
judiciales, con silencio y sin discursos como un gesto simbólico.

Un directivoc de Asonal Judicial, explicó
las demandas en dos frentes: uno económico y otro político.

El primero es el presupuesto. Para la
vigencia del año 2027, el Consejo Superior de la Judicatura identificó
necesidades de financiación por $17,53 billones de pesos, mientras que el
proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado e incorporado por
el Gobierno asignó inicialmente $11,53 billones de pesos.

El sindicalista advierte que ese recorte
impediría crear nuevos despachos y plazas de jueces y fiscales, en un sistema
que, según él, ya está congestionado.

El segundo punto es salarial. Asonal pide
proteger la bonificación judicial, que busca compensar la pérdida de poder
adquisitivo, para que sea factor salarial en todos los efectos, y rechaza el
artículo 206 del proyecto de Ley de Rescate Económico, que, según Mariano,
cambiaría los gastos de representación de jueces y magistrados.

Jueces, magistrados, fiscales, procuradores
e incluso rectores y profesores universitarios perderían el beneficio que
actualmente les permite tratar como exento de renta el 25 y hasta el 50% de su
salario.

Otros reclamos son más personales para la
Fiscalía. Según él, la mayoría de los fiscales trabaja sin asistentes y con
mejores condiciones laborales y de salud mental. En Colombia hay 11 jueces por
cada 100.000 habitantes.

El segundo frente es político. El directivo
defendió una justicia “soberana, popular y democrática”, independiente de los
demás poderes, y dijo que el sindicato propuso al Gobierno discusiones en los
territorios para definir qué justicia necesita el país.

Asonal lamentó que hasta ahora no han
recibido respuesta del Gobierno. Lo único que conocen son contactos entre el
Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades nacionales.

VOLVERÁN A PROTESTAR

Asonal no ve condiciones para un paro
indefinido, pero sí para protestar el 19 de noviembre, cuando la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) convoca a un paro nacional, con la mira de
llegar al 20 de noviembre.

 Recordemos  que la propuesta de
Ley de Rescate Económico afecta  los salarios del sector judicial, por
cuanto el proyecto busca derogar las exenciones del impuesto sobre la renta por
concepto de gastos de representación. Actualmente, los jueces pueden eximir de
renta el 25 % de su salario, mientras que magistrados, fiscales, procuradores y
profesores universitarios cuentan con un 50 % de exención.

José Manjarrez, secretario de Asonal
Judicial, subdirectiva Magdalena, explicó que la decisión responde a la
preocupación del sector por las consecuencias que tendría el recorte
presupuestal sobre la capacidad operativa de los despachos y la prestación del
servicio a los ciudadanos.

Según el dirigente sindical, durante las 24
horas de protesta no se prestó atención al público, ni de manera presencial ni
virtual. La única excepción correspondió a los asuntos constitucionales
considerados prioritarios, como las acciones de tutela con solicitud de medida
provisional y los recursos de hábeas corpus.

PREOCUPACIÓN POR CONGESTIÓN JUDICIAL

Manjarrez advirtió que la reducción de
recursos se presenta en un momento en el que los despachos enfrentan una
elevada carga laboral, especialmente por el incremento de las acciones
constitucionales relacionadas con las dificultades del sistema de salud.

“Esta situación no solamente representa un
mayor volumen de tutelas, sino también de incidentes de desacato, consultas
derivadas de estos procedimientos y otros trámites que demandan tiempo y capacidad
de respuesta de los funcionarios judiciales”, detalló el dirigente sindical.

A juicio del representante de Asonal
Judicial, un menor presupuesto podría profundizar las dificultades que
actualmente enfrenta la administración de justicia y terminar afectando
indirectamente a los usuarios, quienes dependen de una respuesta oportuna de
los diferentes despachos.

La jornada fue acogida por las distintas
seccionales de Asonal Judicial siguiendo la línea de su dirección nacional,
encabezada por el presidente Jairo Amézquita.

Con esta protesta, los trabajadores
buscaron llamar la atención del Gobierno nacional sobre la necesidad de
garantizar los recursos que requiere la Rama Judicial para mantener su
funcionamiento y responder a la creciente demanda de servicios de justicia en
el país.