La Capitanía de Puerto recordó que las
playas son bienes de uso público y que los concesionarios no pueden impedir el
tránsito, cercar espacios ni condicionar la permanencia al consumo.

La Dirección General Marítima (DIMAR), a
través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, aclaró que las concesiones
marítimas otorgadas a particulares para el aprovechamiento de espacios en las
playas no les dan propiedad sobre estos terrenos ni les permiten restringir el
acceso de residentes y visitantes.

La autoridad marítima recordó que las
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso
público, por lo que conservan su carácter de uso común, incluso cuando se
otorgan concesiones para su aprovechamiento.

En ese sentido, explicó que los
particulares autorizados pueden administrar y utilizar elementos como sillas,
mesas, sombrillas y otras instalaciones contempladas en el acto administrativo
de concesión. Sin embargo, esta facultad no significa que puedan apropiarse del
espacio ni limitar los derechos de los ciudadanos.

EL ACCESO A LA PLAYA DEBE SER LIBRE

DIMAR enfatizó que todas las personas
tienen derecho a transitar por las áreas concesionadas, permanecer en la arena,
disfrutar del paisaje y acceder al mar, siempre que respeten las disposiciones
de seguridad y protección ambiental.

Por esta razón, los concesionarios no
pueden cercar los espacios, impedir el paso, cobrar por el ingreso a la playa
ni exigir el consumo de productos o servicios como condición para permanecer en
ella.

Tampoco están autorizados para ampliar por
cuenta propia el área concesionada ni realizar obras o construcciones sin los
permisos correspondientes.

CAPITANÍA DE PUERTO REALIZARÁ VIGILANCIA

La Capitanía de Puerto de Santa Marta
indicó que mantiene la verificación del cumplimiento de las condiciones
establecidas en las concesiones marítimas, con el propósito de garantizar que
estos espacios conserven su destinación al uso público.

Asimismo, invitó a residentes y visitantes
a denunciar, a través de sus canales oficiales de atención, cualquier situación
que represente un incumplimiento de las autorizaciones o una afectación al
libre disfrute de las playas.

La entidad señaló que adelantará las
actuaciones correspondientes y adoptará las medidas necesarias dentro de sus
competencias, de acuerdo con el Decreto Ley 2324 de 1984 y las disposiciones
legales vigentes.

De esta manera, DIMAR reiteró que una
concesión permite el aprovechamiento autorizado de determinados espacios, pero
no convierte las playas en propiedad privada ni elimina el derecho de la
ciudadanía a disfrutarlas libremente.