El Consejo de Estado admitió demanda contra
Agmeth Escaf por pérdida de investidura, basada en señalamientos de Eva Ferrer
sobre tráfico de influencias.

El senador del Pacto Histórico, Agmeth
Escaf, enfrenta un nuevo proceso ante el Consejo de Estado. El alto tribunal
admitió para su estudio una demanda que busca que pierda su investidura, por
presunto tráfico de influencias y por supuestas intervenciones en nombramientos
y decisiones de diferentes entidades del Estado.

Según la información oficial, la acción
judicial está relacionada con las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de la
entonces primera dama Verónica Alcocer, quien en una entrevista en medios de
comunicación, señaló a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera
dama, de presuntamente tener injerencia en decisiones administrativas y
movimientos de funcionarios en organismos públicos durante el gobierno de
Gustavo Petro.

La demanda fue presentada por Juan Carlos
Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y
Efectivo, VER-Control, quien considera que las actuaciones atribuidas al
congresista podrían configurar la causal de tráfico de influencias, contemplada
en el numeral quinto del artículo 183 de la Constitución, que establece motivos
para la pérdida de investidura de los congresistas.

Los señalamientos de Eva Ferrer

Uno de los principales elementos que
sustentan la demanda son las declaraciones de Eva Ferrer sobre supuestas
intervenciones en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
el Departamento Administrativo de la Presidencia y ProColombia.

En su entrevista, Ferrer habló de presuntas
gestiones para provocar cambios en las directivas de esas instituciones y
mencionó específicamente la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del
ICBF, movimientos administrativos en el DAPRE y supuestas presiones contra
Carmen Caballero, quien estuvo al frente de ProColombia.

De acuerdo con los señalamientos, la
exasesora mencionó directamente a Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer como
personas que, según su versión, habrían tenido influencia en esas decisiones.

Pero las afirmaciones no se limitaron a
esas tres entidades. También se hizo referencia a posibles intervenciones en
organismos como Ecopetrol, el Banco Agrario, la Agencia Nacional de
Infraestructura, el Fondo Adaptación, el Icetex y la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Todos estos señalamientos fueron
incorporados por el demandante como elementos para solicitar que se examine si
el congresista habría utilizado su posición política para intervenir en
decisiones administrativas y nombramientos dentro del Estado.

¿Qué está pidiendo el demandante?

En la acción presentada ante el Consejo de
Estado, Juan Carlos Calderón España solicita que Eva Ferrer sea citada a
declarar ante el alto tribunal para que ratifique y amplíe las afirmaciones que
hizo en la entrevista periodística.

También pide que esa entrevista sea
incorporada como material probatorio, que se reciban testimonios de antiguas
directivas de las entidades mencionadas y que se solicite información oficial a
diferentes organismos del Estado para contrastar los señalamientos.

Entre las pruebas solicitadas están
documentos y testimonios que permitan establecer si efectivamente existieron
intervenciones en nombramientos, cambios administrativos o decisiones de las
instituciones señaladas.

El demandante también solicitó la suspensión
provisional del congresista mientras avanza la actuación judicial y que, al
finalizar el proceso, se decrete la pérdida de su investidura si se demuestra
que incurrió en la causal constitucional invocada.

¿Qué significa que el Consejo de Estado
haya admitido la demanda?

Este es un punto fundamental, la admisión
significa que el alto tribunal encontró procedente darle trámite a la acción
judicial y comenzar a estudiar los argumentos presentados por el demandante.

Pero esto no significa que Agmeth Escaf haya
perdido su investidura, que haya sido declarado responsable de tráfico de
influencias o que los señalamientos de Eva Ferrer estén demostrados.

Ahora deberá surtirse el procedimiento
judicial, examinarse las pruebas, escucharse a las partes y garantizarse el
derecho de defensa del congresista.

El Consejo de Estado tendrá que establecer
si las actuaciones que se le atribuyen a Escaf, cuando ocupaba una curul en la Cámara
de Representantes por el Atlántico, efectivamente encajan en la causal de
tráfico de influencias y si existe fundamento jurídico para decretar la pérdida
de investidura.

La controversia también tiene antecedentes

Hay que recordar que, después de las
declaraciones de Eva Ferrer, Agmeth Escaf rechazó los señalamientos y anunció
acciones judiciales por injuria y calumnia contra la exasesora.

El congresista sostuvo que se le estaban
atribuyendo delitos graves sin pruebas que los sustentaran y manifestó que
acudiría a la justicia para controvertir esas afirmaciones.

Por ahora, el nuevo proceso queda en manos
del Consejo de Estado, que deberá determinar si existen elementos para
establecer una eventual responsabilidad del congresista y si se configura la
causal de pérdida de investidura.

En ese sentido, se puede destacar que los
señalamientos de Eva Ferrer sobre supuestas injerencias en nombramientos y
decisiones de entidades públicas pasan a ser materia de examen judicial en una
demanda que podría tener consecuencias sobre la condición de congresista de
Agmeth Escaf