La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos a Julio César González García, exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), tras comprobar que acosó de forma reiterada a una trabajadora de la entidad.
La determinación, proferida en fallo de primera instancia, es la conclusión del mismo proceso disciplinario que el Ministerio Público había abierto meses atrás contra el exfuncionario y otra directiva de la empresa.
Lo que en su momento fue una formulación de cargos, hoy ya tiene una decisión de fondo.
De la investigación a la sanción
El caso comenzó a ser investigado por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga.
En esa primera etapa, el ente de control formuló pliego de cargos contra González García y contra la entonces secretaria general del BIF, Chabely Paola Flórez Cepeda, por un presunto acoso laboral en la modalidad de entorpecimiento.
En ese momento, la hipótesis disciplinaria era que ambos directivos habrían impedido que una colaboradora contara con las condiciones administrativas necesarias para ejercer plenamente las funciones de su cargo, una vez terminó una reubicación temporal en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Con el avance de la investigación y la valoración de las pruebas, la Procuraduría precisó la conducta atribuida a González García y concluyó que lo ocurrido no se limitó a trabas administrativas, sino que constituyó un acoso de contenido sexual.
Abuso de autoridad y falta gravísima
Según el fallo, el exfuncionario, primero como secretario general y administrativo y luego como director general, se valió de su posición de autoridad y de su superioridad jerárquica para asediar a la servidora mediante expresiones e insinuaciones de carácter sexual que ella no consintió.
Para el Ministerio Público, no se trató de un hecho aislado ni de un roce propio del ambiente laboral, sino de una conducta reiterada que afectó la dignidad de la víctima y rompió la confianza que debe existir entre un superior y su equipo de trabajo.
La entidad estableció que González García vulneró el principio de moralidad administrativa, al desconocer los deberes de respeto y rectitud inherentes al ejercicio de la función pública.
Por eso calificó su falta como gravísima, cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento y voluntad.