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JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 18 exmiembros de fuerza pública

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JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 18 exmiembros de fuerza pública

JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 18 exmiembros de fuerza pública
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Redacción Hoy Diario del Magdalena

La
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa
humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública, 16 del Ejército y dos
de la Policía, por su participación en violencias basadas en género contra la
población civil durante el conflicto armado, tanto de manera directa como en
coordinación con grupos paramilitares.

De acuerdo con la investigación, la JEP identificó un
universo provisional de 565 casos de violencias basadas en género cometidas por
integrantes de la fuerza pública contra civiles, con 755 víctimas directas
entre 1978 y 2016. De ellas, 650 son mujeres, 85 hombres y 20 personas con
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

A partir de dichos testimonios, la UIA pudo establecer que
existió un modelo de “masculinidad guerrera” que favoreció prácticas de
dominación, discriminación y violencia contra las mujeres y contra quienes eran
percibidos por fuera de los roles tradicionales de género.

“En esos contextos se impusieron castigos diferenciados
sobre los cuerpos, la sexualidad y la reproducción, y se estableció un orden
armado que regulaba la sexualidad y las conductas de las poblaciones a través
de visiones estereotipadas sobre el género”, explica el documento.

Dentro de esta práctica, la Sala encontró que integrantes de
la fuerza pública participaron directamente o se aliaron con estructuras
paramilitares para realizar incursiones y masacres en las que, además de
asesinatos y torturas, se cometieron violencias sexuales y de género como
mecanismos de humillación, castigo, intimidación y expulsión de la población.

Entre los hechos analizados están las incursiones
paramilitares en Tibú y La Gabarra, Norte de Santander, en 1999; la provincia
de Lengupá, Boyacá, en 1991; y las masacres de La Cabuya, en Tame, Arauca, en
1998, y Chiscas, Boyacá, en 2003.

En el caso de Tibú, la Sala documentó que entre mayo y
diciembre de 1999, al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 desaparecidas
forzadamente y 48 torturadas. También registró más de 50 víctimas de violación,
esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, así como más de 2.000 personas
desplazadas por la incursión paramilitar.

Asimismo, la investigación estableció que mujeres, niñas,
adolescentes, hombres y personas de sectores diversos fueron agredidos por
rechazar pretensiones sexuales, incumplir órdenes o normas impuestas por los
uniformados o por no ajustarse a determinados roles de género.

En Tame, Arauca, la Sala examinó las responsabilidades de
superiores militares por las violaciones sexuales y los asesinatos de dos niños
y una niña cometidos en 2010 por el entonces subteniente Raúl Muñoz Linares,
quien ya fue condenado por la justicia ordinaria.

También fueron analizados los trabajos forzados y las
violencias de género contra niñas, adolescentes y mujeres en Puerto Gaitán,
Meta, entre 2002 y 2004, así como agresiones sexuales contra hombres en la
ribera del río Magdalena y ataques contra personas con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas en los Montes de María.

Los 18 comparecientes

Entre los llamados a reconocer responsabilidad se encuentran
el brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, señalado por omisión
frente a los hechos de Tibú y La Gabarra; el coronel retirado Víctor Hugo
Matamoros Rodríguez, vinculado a las incursiones de Tibú y Lengupá; y el
teniente coronel retirado Orlando Hernando Pulido Rojas, por la masacre de La
Cabuya.

También fueron llamados los mayores Mauricio Llorente
Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vásquez y Daladier
Rivera Jácome, y el soldado José Misael Valero Santana, por los hechos de Tibú y
La Gabarra.

Por la incursión en Chiscas fueron señalados el teniente
coronel Alfonso Moya Molina y el mayor de la Policía Gregory Ernesto Amado
Rueda.

La decisión también incluye a Jorge Augusto Terán Pineda y
Óscar Fernando Murcia Peña, por los hechos de La Gallera; a Juan Pablo Sierra
Daza, por violencias de género en Cesar y Putumayo; y a Édgar Omar Urbina
Carrillo y Carlos Fernando González Cárdenas, por lo ocurrido en San Juan de
Arama, Meta.

Por los hechos contra los menores en Tame fueron llamados el
coronel Francisco Sanmiguel Guzmán y el mayor James Alberto Granada Carmona,
mientras que por los hechos de Puerto Gaitán fue señalado el capitán de la
Policía Reinaldo Rincón Rojas.

/colprensa

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