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Decretan toque de queda por 24 horas en La Jagua

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Decretan toque de queda por 24 horas en La Jagua

Decretan toque de queda por 24 horas en La Jagua
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Redacción Hoy Diario del Magdalena

En Consejo de seguridad se acordaron
medidas especiales para preservar el orden público en el municipio.

 En medio de la tensión que se vive en La
Jagua de Ibirico, Cesar, luego del ataque con explosivos contra el Batallón
Especial, Energético y Vial N.° 2, la Administración Municipal decretó toque de
queda por 24 horas como medida extraordinaria para preservar el orden público y
proteger la vida de los habitantes

La disposición quedó establecida mediante
el Decreto N.° 0122 del 22 de noviembre de 2026, con el que se adoptaron
medidas transitorias de seguridad ante la situación de violencia registrada en
el municipio.

De acuerdo con el acto administrativo, la
restricción comenzó a regir desde las 12:00 de la medianoche de este domingo 22
de noviembre y se extenderá durante 24 horas, como parte de las acciones
preventivas desplegadas por las autoridades para evitar nuevos hechos que
pongan en riesgo a la población.

La decisión se produce luego del ataque con
explosivos contra la guarnición militar, que cobró la vida del soldado
Estivinson José Epieyú Pushaina y dejó otros 12 militares heridos, quienes
fueron trasladados a diferentes centros asistenciales del departamento para
recibir atención médica.

Las autoridades municipales hicieron un
llamado a la ciudadanía para acatar la medida, permanecer atenta a los
comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de
seguridad y emergencia.

La situación mantiene en alerta a La Jagua
de Ibirico, donde las autoridades adelantan acciones para garantizar la
seguridad y recuperar el orden público.

El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo
Hernández, rechazó el ataque terrorista y aseguró que desde el primer momento
se activó la red hospitalaria para atender a los uniformados, con el apoyo de
personal médico, ambulancias de municipios cercanos y el Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias (CRUE) del Cesar, que coordinó el traslado de los
heridos más graves a centros asistenciales de mayor complejidad.

Hernández manifestó que algunos de los
militares presentan lesiones de consideración, ocasionadas por esquirlas y
fragmentos de artefactos explosivos, con afectaciones en diferentes partes del
cuerpo.

Reiteró el llamado al Gobierno nacional
para fortalecer las estrategias de seguridad y los sistemas antidrones en las
instalaciones militares y policiales del departamento.

Pidió a los habitantes mantener la calma y
atender únicamente la información divulgada por los canales oficiales de la
administración municipal.

RECHAZO DE LA DEFENSORÍA

La defensora del Pueblo, Iris Marín,
lamentó el fallecimiento del soldado Epieyú Pushaina y envió un mensaje de
solidaridad a sus allegados y a las personas afectadas por la agresión. A
través de publicaciones en su cuenta oficial de X, la entidad expresó su
preocupación por la utilización creciente de tecnologías y dispositivos
explosivos dentro del conflicto armado, advirtiendo el grave riesgo que esta
práctica supone tanto para los miembros de la Fuerza Pública como para las
comunidades que habitan en zonas de confrontación.

En ese mismo pronunciamiento, el organismo
humanitario recordó a todos los actores armados la obligatoriedad de acatar las
normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En particular, hizo énfasis
en la aplicación estricta de los principios de distinción, proporcionalidad y
precaución, diseñados para resguardar a la población civil y limitar los daños
derivados de las hostilidades. La entidad añadió que mantiene seguimiento
permanente a la evolución de orden público y a eventuales emergencias
humanitarias en el territorio.

A su turno el procurador general de la
Nación, Gregorio Eljach Pacheco, también se sumó a las voces de condena y
expresó el respaldo institucional del Ministerio Público al Ejército Nacional,
a los heridos y a los familiares del militar asesinado.

El jefe del organismo disciplinario pidió
garantías de respeto por la vida humana y por la integridad de las
instituciones estatales mientras avanzan las labores de verificación para
esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

 

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