El Ministerio Público determinó que la exalcaldesa era responsable de las irregularidades, pues no logró desvirtuar las acusaciones en su contra, y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por 8 años y 2 meses.

En un documento de 120 páginas, el organismo detalló los presuntos sobrecostos e irregularidades en la ejecución de la obra, en los cuales habrían incurrido tanto la exalcaldesa como el gerente de infraestructura en ese momento, Jhonatan Nieto, quien también fue inhabilitado por el mismo periodo de tiempo.

La Procuraduría afirmó que ambos eran responsables de las decisiones que causaron irregularidades en el uso de los fondos públicos del proyecto.

El contrato en cuestión, el número 001 de 2020, fue suscrito entre la Alcaldía de Santa Marta y la empresa B&P Construcciones para la construcción de una cancha de fútbol en Gaira.

La queja fue presentada por el Representante a la Cámara, Hernando Guida Ponce, por presunta omisión de la exalcaldesa Johnson, el gerente de infraestructura Nieto y la directora de contratación Greysi Ávila.

El 17 de mayo de 2024, la Procuraduría decidió archivar la investigación contra Ávila, pero formuló cargos contra Johnson y Nieto.

Según el fallo de primera instancia, la Procuraduría consideró que hubo una violación al principio de Transparencia y al deber de selección objetiva, ya que los requisitos y exigencias adicionales del proceso licitatorio restringieron la participación de otros oferentes.

Es importante señalar que esta decisión aún no es definitiva, ya que corresponde a una primera instancia, por lo que los sancionados tienen la opción de presentar apelaciones mientras esperan la respuesta final del organismo.

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