Un juez de Bogotá avaló el preacuerdo que firmó la Fiscalía con el exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Andrés Rodríguez Melo, quien aceptó su participación en el entramado de corrupción en la entidad.

Rodríguez Melo aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir
y peculado por apropiación. Por eso deberá purgar una pena de cuatro años, 10 meses y 19 días de prisión; y la inhabilidad constitucional perpetua para ejercer cargos públicos por cometer un delito contra la administración pública.

Producto del preacuerdo, Rodríguez Melo se comprometió a reintegrar 1.000 millones de pesos que corresponderían a los recursos que se apropió ilícitamente. A la fecha, ha restituido la mitad y el dinero restante lo consignará en dos pagos, en enero de 2026 y 2027.

Como garantía puso a disposición un predio en Tabio (Cundinamarca), cuyo avalúo comercial asciende a 958 millones de pesos; y firmó un pagaré con codeudor.

La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.

En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra.

En ese contexto, Rodríguez Melo presentó al contratista Luis Eduardo López Rosero ante el entonces subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, para que fuera beneficiado con una orden de proveeduría que contempló el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades vulnerables de La Guajira.

Por toda esta actuación ilícita recibió una dádiva de 1.000 millones de pesos. 300 millones de pesos le fueron entregados en efectivo en un inmueble de Pasto (Nariño) y 700 millones de pesos consignados.

 

BOGOTÁ (Colprensa)