El Ministerio de Salud tiene 6 meses para modificar la reglamentación vigente y asegurar que los menores de edad con discapacidad intelectual también puedan recibir eutanasia.

La Corte Constitucional emitió un fallo en el que ordena al ministerio de Salud y al Congreso de la República modificar la reglamentación sobre el derecho a morir dignamente de menores de edad, en un plazo no mayor a seis meses.

La decisión se dio gracias al estudio de un caso relacionado con el derecho a la eutanasia en menores con discapacidad cognitiva que padecen enfermedades graves e incurables que les generan intensos dolores y sufrimientos.

El alto tribunal determinó que las reglas sobre la eutanasia no deben excluir a estos menores de la posibilidad de acceder a una muerte digna cuando cumplan con los requisitos exigidos. En cada caso, se deberá analizar si la solicitud presentada cumple con dos condiciones fundamentales:

La existencia de una enfermedad grave e incurable que cause un sufrimiento físico o psíquico intenso.

La manifestación del consentimiento, ya sea por el menor o, en caso de que no pueda decidir, por sus acudientes.

El fallo enfatiza que el proceso de evaluación debe considerar las preferencias, valores, actitudes, argumentos y antecedentes del menor, incluidas sus formas de comunicación verbales y no verbales, a fin de garantizar el respeto a su voluntad y dignidad.

Sin embargo, la Corte negó la solicitud de amparo en el caso concreto que originó la revisión, argumentando que no se ha podido establecer de manera clara que la decisión de la madre del menor represente genuinamente su voluntad de poner fin a su vida. Además, se indicó que no se han agotado los procedimientos disponibles para mitigar el dolor del paciente.

A pesar de ello, la Corte Constitucional reitera que no conceder la eutanasia en este caso no implica que el menor pierda su derecho a recibir cuidados paliativos. Estos tratamientos deben centrarse en controlar el dolor y la sintomatología de la enfermedad, garantizando la mejor calidad de vida posible.

Como parte de la decisión, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud modificar la reglamentación vigente para asegurar que los menores de edad con discapacidad intelectual no sean excluidos de la posibilidad de solicitar la eutanasia.