Colombia afronta uno de los mayores retos en materia económica y social a los que se haya visto enfrentada en lo corrido de este siglo. Si se hace un recuento, hemos enfrentado dos crisis que han puesto a nuestra sociedad a mostrar fortaleza y, a nuestro sector público, a tomar medidas para enfrentar los graves retos que se originaron en factores externos de nuestras autoridades y de la sociedad, pero que además escapan de todo control. Sufrimos fuertemente la crisis financiera de los años 2008 y 2009, una crisis originada en el colapso del sistema financiero de Estados Unidos por el irresponsable manejo de los créditos hipotecarios; posteriormente padecimos a principios de esta década la pandemia mundial del covid-19 que afectó la vida e ingresos de los ciudadanos y puso en riesgo la salud de nuestra economía. Con aciertos y desaciertos, la institucionalidad respondió de forma efectiva a estas amenazas y nuestro país recuperó la senda de crecimiento y las condiciones de vida de los ciudadanos más afectados.

Hoy, Colombia se dirige a pasos agigantados a enfrentar la tercera gran amenaza en este siglo, con una diferencia estructural frente a las dos anteriores y consiste en que es auto infringida, es decir, es creada por nosotros mismos. La crisis que se avecina la vivimos hace más de 30 años y se llama el apagón. Ya es un hecho que el país perdió la autosuficiencia energética. Hoy el déficit de gas es cercano a 7,5% de la demanda, con lo cual nos vimos abocados a importar este combustible. Las consecuencias no se han hecho esperar, el incremento en las tarifas de este servicio es superior a 30%.

Todos los cálculos de los expertos indican que en condiciones normales a partir de 2027 tendremos deficiencia e insuficiencia en el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, este fenómeno puede anticiparse en caso de un fuerte fenómeno climático de sequía o por el hecho de que alguna de las principales generadoras presente inconvenientes y salga del mercado. De presentarse alguno de estos fenómenos, este se agravará por el hecho de la escasez de gas el cual generará la discusión entre llevarlo a los hogares o utilizar el mismo para la generación de energía. La generación con carbón no dará abasto dado que las subastas no permiten la entrada de proyectos que originen energía con este combustible. Ese día, sin duda la energía se hará considerablemente más costosa y los hogares de menores ingresos se verán afectados. Por si fuera poco, las nuevas medidas adoptadas por la Creg limitarán el mercado y ahuyentarán cualquier nueva inversión. La tormenta perfecta.

Como mencioné inicialmente, esta es una penumbra autogenerada y lo expuesto anteriormente podemos empezar a vivirlo a partir de este año. Así es, el Gobierno Nacional tiene al borde del colapso todo el sector energético por las deudas acumuladas con las empresas comercializadoras de energía y gas. El sector afirma que la deuda acumulada supera los $7 billones y que para este año no se presupuestaron más de la mitad de los recursos requeridos. Esta circunstancia tiene a las empresas en una agonizante situación financiera. Los operadores en la Costa Caribe están ad-portas de no poder prestar el servicio lo que afectaría cerca de 20% de la población y generaría una crisis sistémica que destruiría todo el sector.

El chu chu chu del sector conllevará, sin lugar a duda, a la pérdida de gran parte de la calidad de vida de los ciudadanos y de los logros sociales que el país ha obtenido en los últimos 30 años. La inflación se disparará, la inversión caerá a mínimos históricos y nuestra economía entrará en una profunda recesión; los efectos serán devastadores. Es necesario oír el grito desesperado de las empresas del sector y atender su llamado para garantizar su salvación. Debemos recordar que, de no actuar hoy, para recuperar el sector, se requerirán varios años e infinidad de recursos con los cuales no se cuenta.

*Exviceministro de Hacienda