La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró que las sanciones propias que impondrá no podrán, bajo ninguna circunstancia, superar los ocho años establecidos como límite.

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, informó que se aceptó de manera parcial la solicitud del último secretariado de las FARC de emitir una sola sentencia, pero explicó que se hará una resolución individual para cada persona que comparezca. Si se identifican nuevos delitos, se agregarán mediante ampliaciones a la resolución correspondiente.

“La Sala de Reconocimiento ha decidido, en línea con los principios de concentración, economía procesal y seguridad jurídica, adoptar una metodología que permita expedir una única Resolución de Conclusiones por compareciente, consolidando los hechos tratados en los distintos macrocasos”, expresó Ramelli.

La JEP subrayó también que aquellos que acepten su responsabilidad y ofrezcan una verdad completa, detallada y exhaustiva, recibirán sanciones propias que no superarán los ocho años.

Además, la jurisdicción valoró que los exjefes del último secretariado de las FARC hayan renunciado voluntariamente a la presunción de inocencia en relación con los hechos ya investigados en los macrocasos, aceptando su participación y responsabilidad en los mismos.

Ramelli destacó que este esfuerzo conjunto entre despachos tiene como objetivo cumplir con el Acuerdo Final de Paz, priorizando a las víctimas, garantizando seguridad jurídica para los comparecientes y asegurando una verdad completa junto con una justicia restaurativa efectiva.

En particular, la JEP se enfocará en emitir sentencias lo más pronto posible en los casos 01 (secuestros y otros crímenes cometidos por las FARC) y 03 (falsos positivos por parte de agentes del Estado), ya que estos están más avanzados en su trámite.

Respecto a los casos que aún se encuentran en la justicia ordinaria, la JEP está trabajando para recopilar todos los expedientes relacionados con los comparecientes y los hechos investigados. Por otro lado, en cuanto a crímenes cometidos fuera de Colombia, la JEP declaró que no tiene competencia sobre el caso del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, como parte de una solicitud presentada por el abogado de Rodrigo Granda, exmiembro de las FARC.